La gremialista ratificó que la duración de la medida de fuerza será de 30 días, y afirmó que no cederán en su exigencia de un aumento salarial del 20%, para el presupuesto del próximo año.

En principio, y pese a la medida de fuerza, los funcionarios garantizan algunos servicios, como el de hábeas corpus, la restitución del menor, además de la realización de los juicios que ya fueron notificados.

Cabe destacar que pese a un intenso lobby realizado por las autoridades de la máxima instancia judicial y a pesar de la amenaza de huelga, la Comisión Bicameral de Presupuesto dictaminó por el rechazo al planteamiento. Sólo sugirió la aprobación, además de los salarios y otros gastos, una ampliación para la construcción de una nueva sede en Salto del Guaira.

Esta huelga es con el propósito de ejercer presión sobre los legisladores a la hora de los debates y aprobación del Proyecto de Presupuesto.