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2020-01-26
Ministerio estaría pagando US$ 200.000 anuales por las 16 cámaras de la cárcel de PJC
El Ministerio de Justicia estaría pagando US$ 200.000 anuales por las 16 cámaras que funcionan en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero (PJC). Sin embargo no existe certeza de que existan las filmaciones. Además nadie monitoreaba las cámaras desde la empresa de seguridad y para colmo, no existía una copia de seguridad del material.

Según nuestra fuente, el Ministerio de Justicia estaría pagando US$ 200.000 dólares anuales (G. 1300 millones que equivale a G. 108 millones al mes) por las 16 cámaras de seguridad que posee en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. 

Sin embargo, a pesar del pago de este dinero, no existe certeza de que dichas cámaras hayan estado en funcionamiento durante el momento de la fuga del pasado domingo de los 75 reos. 

Además, también existe la posibilidad de que algunas de ellas no estaban en funcionamiento, como la misma fiscala Reinalda Palacios, quien estaba a cargo de caso hasta hace un par de días, expresó a los medios de comunicación. 

Juan Claudio Gaona, abogado de la firma SIT expresó que las cámaras estaban en funcionamiento. Aunque nadie las monitoreo desde la empresa de seguridad y tampoco existe una copia de seguridad por si las mismas se llegan a dañar desde el disco duro de la penitenciaría. 

Justamente esta falta de copias generó una crisis interna entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. 

DIFERENCIAS

A la ausencia del personal militar y policial para el resguardo de las zonas aledañas a la penitencia a pesar de la declaración de emergencia penitenciaria desde hace cuatro meses, la falta de videos del circuito cerrado del lugar, la creación de un túnel de 15 metros en las narices de las autoridades del centro penitenciario pedrojuanino, se suma también que las cabezas de la investigación tienen disputas internas. 

Por un lado, Cecilia Pérez, ministra de justicia acusa a Irene Álvarez, fiscal de la causa de no facilitarles el circuito cerrado del lugar (que no se sabe con certeza de que exista), ya que dicha secretaría de estado también los requiere para la investigación. 

Mientras tanto, la mencionada fiscala señala que compartir los documentos puede estropear la investigación. 

NO SORPRENDE

Édgar Servín, analista de seguridad, si bien prefirió no dar opinión sobre la responsabilidad de la empresa de seguridad en cuanto a facilitar material que pueda ayudar a la investigación, sin embargo cuestionó que a pesar de la alerta de fuga que existía, no se hayan tomado las medidas necesarias para prevenirlo. 

“En principio falló el sistema de prevención y el servicio de inteligencia. Al fallar esto que es lo principal, no sorprende que el resto de los sistemas, menos importantes, como el servicio de vigilancia, sean mucho más permeables”, explicó. 




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