Una pobladora de San Ignacio, Departamento de Misiones, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de violencia familiar durante 11 años en su matrimonio y expresó que el padre de sus hijos incluso mandó a realizar una prueba de ADN a uno de ellos.

A raíz de ello, varias mujeres realizaron una movilización en la ciudad el domingo último sobre la sobre la avenida principal para expresar su apoyo a la denunciante. Primero se realizó una marcha pidiendo justicia y luego una gran caravana de vehículos.

Asimismo, organizaciones e instituciones como la Defensoría, se solidarizan con la misma. Desde la Municipalidad local como la Gobernación del Departamento de Misiones manifestaron su acompañamiento a la causa.

La víctima denunció públicamente que fue sometida sistemáticamente a diversos tipos de violencia intrafamiliar de forma verbal, económica y física.

"El año pasado me golpeó hasta que ya no sentí más mi cuerpo, ya lo denuncié más de una vez en la Fiscalía, él ya es reincidente, decidí hacer pública mi situación en las redes sociales porque vi que la Justicia se inclinó solo hacia un lado", señaló.

"La hija del ex ministro (Víctor) Núñez me amedrentó cuando se realizó el inventario. Cada vez que nos peleamos él me sacó todos los ahorros de los 11 años y transfirió a sus familiares, soy su esposa, madre de sus hijos, tengo derechos, me sacó el sustento de mis hijos", continuó.

La mujer explicó que los hermanos, sobrinos y otros familiares de su ex pareja Joel Rodas trabajan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por ello vio que la única salida para que se haga justicia es hacer pública la situación.

Desde Última Hora se intentó obtener la versión del abogado del presunto agresor, que es su propio hermano Héctor Rodas. Se hicieron varias llamadas telefónicas e incluso se intentó establecer comunicación a través de mensajes, pero el número con terminación 605 no dio respuestas.

El Código Penal Paraguayo, tras su última modificación, establece en su artículo 229 sobre violencia familiar un aumento de la pena carcelaria a seis años, por lo tanto, se tipifica como crimen y no puede estar sujeto a medidas alternativas.