El imputado, Adrián Silva Martínez, de 38 años, fue beneficiado el pasado 27 de junio con prisión domiciliaria, pese a estar privado de libertad en la penitenciaría regional de Ciudad del Este por un grave caso de violencia familiar.

La fiscala Susan Vega, lejos de solicitar una medida cautelar acorde al nivel de peligrosidad del agresor, pidió el arresto domiciliario. Y la jueza Garcete, conocida por sus criticadas resoluciones, lo concedió sin mayores reparos, desoyendo el contexto delictivo, los antecedentes violentos del acusado y el temor legítimo de la víctima.

La víctima no es una denunciante más. Se trata de una profesional del Derecho, víctima de sistemática violencia doméstica e intento de feminicidio, atacada por haber solicitado el divorcio.

A pesar de la gravedad de los hechos, la fiscala solo imputó al agresor por violencia doméstica. La querella considera que esta actuación minimiza el delito y protege al victimario, al no calificarlo como tentativa de feminicidio, lo cual hubiese exigido una medida privativa de libertad más firme.

Silva Martínez tiene otro proceso paralelo, también a cargo de la misma jueza y fiscala, en el que fue filmado golpeando con saña a su propio padre, ya enfermo. Aun así, cuenta con arresto domiciliario en ambos casos.

En el recurso de apelación presentado por los abogados Silvio Ferreira Villamayor, Daniel Mitjans y Zully Villalba —representantes de la víctima— se cuestiona la legalidad y celeridad con la que se otorgó la medida sustitutiva.

La jueza realizó la audiencia de revisión de medidas sin esperar la resolución de un recurso de reposición y apelación en subsidio, “violando y pisoteando la Ley Penal”, según el escrito.

Además, se denuncia que la jueza Garcete aceptó como válida una fianza personal de G. 50 millones ofrecida por la hermana del imputado, sin verificar su solvencia económica ni exigir documentación alguna.

También aceptó una caución real sobre un inmueble supuestamente valuado en USD 100.000, sin tasación ni comprobante del valor real del bien. Estas omisiones —agregan los abogados— son una clara violación de la Acordada nº 319/04, que exige verificar la solvencia del fiador antes de conceder medidas alternativas.

“Bajo este criterio, cualquier persona puede presentarse ante este juzgado y jurar que es solvente para liberar a su pariente”, señala el recurso.

COMPLICIDAD SILENCIOSA DEL JEM GARANTIZA IMPUNIDAD DE GARCETE

La jueza Garcete suma con este otro caso a su ya extenso prontuario de actuaciones judiciales fuertemente cuestionadas. No obstante, lo que más preocupa a gremios de abogados y operadores de justicia es la actitud abiertamente permisiva del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que sistemáticamente cajonea, suspende o directamente archiva las denuncias contra ella, sin un mínimo análisis serio.

En mayo pasado, cuando se iba a tratar una nueva denuncia contra Garcete por levantar una orden de captura contra una pareja prófuga en España —acusada de estafa millonaria— la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, solicitó la postergación y posterior archivo de la causa sin explicación alguna.

La denuncia sostenía que la jueza extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra los prófugos Julio César Martínez y Mirta Antonia Torres, a pesar de que residen en Málaga y nunca comparecieron ante la justicia paraguaya, tal como lo exige la ley. 

Este proceder fue duramente criticado por juristas, quienes ven en Garcete a una jueza “blindada” por el sistema. Las fuentes apuntan directamente al ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, superintendente de la Sexta Circunscripción Judicial, como su principal protector.

La lista de casos en los que Garcete falló en favor de imputados de alto perfil o protegidos por sectores del poder es extensa. Entre los más sonados se encuentran:

El arresto domiciliario a 11 policías procesados por un doble homicidio, en medio de denuncias de sobornos millonarios. La liberación de un feminicida que mató a una adolescente de 17 años, con el argumento de que no había riesgo de fuga. Encubrimiento a policías acusados de cohecho, secuestro y extorsión.

Reiteradas violaciones al debido proceso y uso discrecional de medidas sustitutivas sin valorar la peligrosidad de los imputados.

Sin embargo, lo más alarmante no son solo sus fallos judiciales, sino la red de protección institucional que la sostiene. A pesar de más de una decena de denuncias ante el JEM, ninguna ha prosperado.

No hay sanción, ni apercibimiento, ni seguimiento serio. Esta situación ha generado un clima de impunidad y temor dentro del fuero judicial, donde operadores prefieren el anonimato al denunciar, por miedo a represalias.