Desde que ocurrió el asesinato el 7 de julio, las autoridades de Haití han puesto bajo custodia a más de 40 personas, entre ellas 18 exmilitares colombianos sospechosos de haber sido parte del grupo de asesinos que ingresaron a la residencia privada del expresidente, donde le propinaron múltiples disparos.

A medida que las diversas capas del complot se van desgajando, también van surgiendo nuevos implicados, entre ellos un extraficante de cocaína, el jefe del esquema de seguridad del presidente, exfuncionarios del gobierno haitiano, policías locales e influyentes empresarios.

Algunas conexiones entre los diversos sospechosos apuntan al sur de Florida, donde funcionarios haitianos han implicado a un pastor, al propietario de una pequeña compañía de servicios financieros y al dueño de una compañía de seguridad privada.

Pero todavía no está claro quién estuvo detrás del asesinato o quién apretó el gatillo, y los investigadores dicen que las pesquisas no se están llevando a cabo adecuadamente. Entre tanto, el principal líder pandillero de Haití está buscando beneficiarse de todo este caos.

Obstáculos a las investigaciones

La investigación sobre el magnicidio en Haití se ha “estado desviando del protocolo establecido” debido a las amenazas de muerte y las dificultades para acceder a escenas del crimen, así como a pruebas y testigos clave, según una investigación de CNN basada en documentos filtrados del Ministerio de Justicia.

Carl Henry Destin, juez de paz haitiano que fue el primer funcionario en documentar la escena del crimen en la casa de Moïse, dice que ha tenido que esconderse debido a que ha recibido amenazas contra su vida. Otras fuentes le dijeron a CNN que la investigación ha tenido “lagunas confusas en el protocolo” que han llevado a la “omisión de piezas de información clave” en los reportes oficiales.

Otros funcionarios debieron escribir una carta abierta a nombre de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales Haitianos (L'Association Nationale des Greffiers Haïtiens, ANAGH), en la que instan a las autoridades a que ofrezcan la protección necesaria para poder “llevar a cabo su tarea sin ningún peligro”.

Sin embargo, no se ha hecho prácticamente nada para investigar las amenazas, a pesar de que los mensajes intimidatorios “dan cuenta de que desde adentro se conocían los movimientos de los investigadores”, como se lee en los documentos filtrados.

"Oiga, secretario, prepárese para un disparo en la frente, le dieron una orden y usted sigue haciendo cosas", dice uno de los textos enviados a uno de los secretarios judiciales.

El sistema de justicia de Haití ha tenido fallas para la rendición de cuentas de los autores de crímenes graves, incluidos los responsables de varias masacres que ocurrieron mientras Moïse estaba en el cargo. El gobierno haitiano ha permitido que los perpetradores “actúen con casi total impunidad”, como se lee en un informe del Centro Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y el Observatorio Haitiano de Crímenes de Lesa Humanidad (Observatoire Haïtien des Crimes Contre l’Humanité, OHCCH).

La Alianza G9 aprovecha el magnicidio

El 26 de julio, el exagente de policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, marchaba vestido de blanco junto a un retrato de Moïse, en compañía de cientos de personas por las calles del distrito Lower Delmas de la capital, Puerto Príncipe, para conmemorar al exjefe de Estado. Chérizier, quien ahora es líder de una poderosa alianza de pandillas conocida como G9 y Familia, parece estar muy dispuesto a aprovechar el vacío de poder en Haití.

Esta aparente muestra de apoyo parece contrastar con la postura de Chérizier a finales de junio. En esa ocasión, flanqueado por docenas de hombres enmascarados y fuertemente armados, convocaba a sus aliados para que tomaran las armas y se prepararan para una “gran revolución” contra el Partido Tèt Kale (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), el partido de derechas del que Moïse hacía parte, así como contra el sector empresarial y la oposición. Previamente, al parecer Chérizier y su federación de nueve pandillas aliadas habían gozado del apoyo del gobierno —así como otros líderes políticos han realizado acuerdos similares con pandillas armadas en años anteriores—.

Días antes del asesinato de Moïse, la violencia de las pandillas había paralizado a Puerto Príncipe, promovida en parte por las tensiones entre miembros de la Alianza G9. Estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento de unas 8.500 personas, incluidas decenas de mujeres y niños, durante un período de dos semanas a principios de junio, como lo relatan los informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En un informe de principios de julio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó que “la escalada de violencia continúa casi a diario y podría extenderse por un tiempo más”. En una conferencia de prensa ese mismo mes, después del asesinato del presidente, Associated Press informó que Chérizier había dicho que él y sus aliados estaban “listos para la guerra”.

Y este último parece estar tratando de usar el caos generado tras el asesinato de Moïse como una manera de aumentar su poder. “La pandilla de este país no son esos hombres con armas que se pueden ver aquí”, dice en un reportaje de Vice News. “Las verdaderas pandillas son los hombres de traje. Las verdaderas pandillas son los funcionarios del palacio nacional, las verdaderas pandillas son los miembros de la oposición”.

Vínculos de EE. UU. con el complot de asesinato

Dos ciudadanos haitiano-estadounidenses estuvieron entre las primeras personas arrestadas en relación con el complot de asesinato, y ambos han servido como traductores de los atacantes. El jefe de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, implicó además al empresario venezolano Antonio Intriago, quien posee una empresa de seguridad en el sur de Florida, conocida como CTU y presuntamente contrató a los soldados colombianos.

A finales de julio, el Miami Herald informó que funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) ejecutaron las primeras órdenes de allanamiento por parte de Estados Unidos en el caso.

Dichas operaciones apuntaban a Intriago y a otro residente de Florida, Walter Veintemilla, jefe de Worldwide Capital Lending Group, sospechosos de haber “financiado y entrenado” a los mercenarios colombianos. Las autoridades estaban buscando específicamente un posible rastro impreso, como registros financieros, que arrojaran luz sobre los posibles preparativos logísticos para el ataque.

A pesar de las acusaciones del jefe de policía de Haití, los agentes estadounidenses no han encontrado “ningún indicio hasta la fecha de que los empresarios del sur de la Florida hubieran tenido participación en la muerte del presidente”, como se lee en el Miami Herald.

El abogado de Veintemilla dijo a los medios que su cliente no tenía nada que ver con "el asesinato". Negoció un préstamo para financiar lo que él creía que era un plan para reemplazar al presidente de Haití con un líder interino en una transición pacífica del poder, dijo el abogado. Intriago no ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Las autoridades de Haití también están investigando al pastor y doctor de 63 años Christian Emmanuel Sanon, quien también se encuentra involucrado en el complot y residía en Estados Unidos. Sanon fue arrestado en Haiti. Afirman que el asesinato de Moïse fue el acto final de un complejo plan que Sanon urdió para cumplir sus ambiciones políticas y “asumir el cargo de presidente de la república”, como dijo el jefe de policía Charles a mediados de julio.

Registros obtenidos por el Washington Post señalan que Sanon supuestamente usó a los dos empresarios de Florida objeto de las órdenes de allanamiento para “reclutar y reunir una fuerza de seguridad privada que [lo] protegiera hasta que se convirtiera en presidente de Haití”, después de lo cual “les pagaría por sus servicios utilizando activos del país”.

También han sido arrestados miembros de alto rango del destacamento de seguridad de Moïse. El jefe de seguridad ha estado bajo escrutinio en medio de preguntas sobre cómo el equipo de asesinos pudo acceder a la residencia de Moïse.

Los soldados colombianos arrestados tras el asesinato afirman que ellos no le dispararon al presidente Moïse y que se les engañó diciéndoles que iban a una misión de seguridad. Entrenados por expertos, y con la pericia otorgada por décadas de conflicto armado interno contra guerrillas de izquierda, los exmilitares colombianos se han expandido por todo el mundo; por ejemplo, como sicarios para terratenientes en Honduras o como contratistas militares privados en el Medio Oriente, por mencionar solo algunos casos.

Un portavoz del Pentágono dijo al Washington Post que un “pequeño número de los colombianos detenidos como parte de esta investigación habían participado previamente en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos, mientras servían como miembros activos de las Fuerzas Armadas de Colombia”.