La solicitud se sustenta en un recurso extraordinario de casación interpuesto por la querella adhesiva, que denunció serias deficiencias en la valoración de pruebas clave durante el juicio oral.

El fiscal adjunto Diego Arzamendia concluyó que tanto el Tribunal de Sentencia como el Tribunal de Apelación incurrieron en falta de fundamentación jurídica, parcialidad en la valoración de pruebas y omisión de análisis objetivos de las pericias médicas, lo que constituye violación al debido proceso. “Los jueces utilizaron frases dogmáticas y relatos insustanciales, sin responder de forma concreta a los agravios presentados por la querella” expresa el dictamen.

Uno de los principales cuestionamientos de la querella fue el tratamiento sesgado del dictamen de la junta médica. La querella sostiene que al menos tres médicos peritos, Nancy Garay de Echeverría, Lissa Samudio y Pablo Lemir, coincidieron en señalar omisiones clínicas graves por parte de la acusada, como no realizar una anamnesis completa, no iniciar tratamiento antibiótico ni proveer hidratación intravenosa.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia desestimó estas declaraciones alegando que los mismos testigos «cambiaron de opinión» al comprender los estándares legales, una interpretación que, según la Fiscalía, no se corresponde con lo expresado por los médicos en juicio.

“Pretender que los profesionales de la salud proporcionen respuestas jurídicas exactas en un juicio penal es un error metodológico. Es tarea del jurista interpretar el alcance de los hechos según las leyes, no del médico», sostiene el fiscal Adjunto.

Otro aspecto grave resaltado por la Fiscalía fue que los jueces del Tribunal de Sentencia incluso identificaron hechos que podrían constituir culpa médica activa, pero no procedieron a recalificar jurídicamente la conducta, como permite el art. 400 del Código Procesal Penal (CPP). “Hubo omisiones no sólo pasivas sino también acciones culposas que no fueron valoradas adecuadamente”, señala el escrito.

Ante la acumulación de errores procesales, el Ministerio Público solicitó que la Corte Suprema anule el fallo que absolvió a la acusada y ordene la reposición del juicio oral ante un nuevo Tribunal de Sentencia, conforme a lo establecido en el art. 473 del CPP. Este paso permitiría que las pruebas, testigos y pericias sean nuevamente analizados, esta vez respetando los principios de la sana crítica y la legalidad procesal, que, según la Fiscalía, fueron vulnerados en las instancias previas.