El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, rechazó la impugnación presentada por el senador cartista Erico Galeano Segovia y confirmó a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca al frente del proceso penal que enfrenta el legislador, imputado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.

La decisión fue oficializada este viernes 4 de julio a través de la Resolución FGE N.º 2612. Con ello, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado —presidido por el juez Pablino Barreto e integrado por los magistrados Inés Galarza y Juan Dávalos— deberá establecer una nueva fecha para el juicio oral y público, previamente suspendido.

Rolón Fernández argumentó que la impugnación carecía de fundamentos jurídicos y se basaba en simples disconformidades manifestadas por un abogado que, además, no ejerce formalmente la defensa del parlamentario. Advirtió también que este tipo de maniobras podría derivar en sanciones conforme al Código Procesal Penal.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Galeano no solo habría recibido fondos provenientes del narcotráfico, sino que también habría colaborado activamente con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán y el prófugo Sebastián Marset. Uno de los hechos clave es la venta, en octubre de 2020, de un inmueble en Aqua Village (Altos) por USD 1.000.000 en efectivo, pese a conocer el origen ilícito del dinero.

El documento fiscal sostiene que el comprador era un prestanombre de Insfrán y que Galeano, aun sabiendo esto, concretó la transacción evitando todo control financiero. El inmueble fue vendido por un precio considerablemente superior al valor de mercado, durante plena pandemia, y cobrado en su totalidad en efectivo.

Además, la Fiscalía sostiene que Galeano habría puesto a disposición una aeronave de su empresa, Alpina S.A., tras la incautación de cinco avionetas pertenecientes a “Tío Rico” en octubre de 2020. A cambio, habría recibido pagos que luego fueron invertidos en el Club Deportivo Capiatá, con un aporte superior a G. 10.000 millones.

El Ministerio Público concluye que el senador formó parte de un esquema de lavado de activos mediante inversiones en bienes muebles, inmuebles y entidades deportivas, desempeñando un rol activo en el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero legal.

Fuente: ABC Color