“Todos los ciudadanos están siendo víctimas de la vulneración de dos bienes jurídicos fundamentales como lo son el derecho a la libertad y el derecho constitucional al libre tránsito.Lo que uno observa con cierta frustración es que las autoridades policiales prácticamente negocian con estas personas el cumplimiento de la Ley”, aseveró.

 “No se puede negociar el cumplimiento de la Ley más allá de las reivindicaciones de los camioneros, que no es un hecho nuevo. La Policía Nacional debe evitar la continuidad de la realización de estas conductas y proceder a despejar las rutas”, señaló.

“El Estado Paraguayo debería intervenir de manera directa e inmediata y generar los procesos penales con las consecuencias que el caso amerita, de tal forma a prevenir desde un punto vista general y para que esas personas entiendan que no pueden estar quebrantando bienes jurídicos ajenos en su precepto de querer reivindicar derechos que hacen a sus intereses particulares”,aseguró. 

“El Código Penal establece dos figuras que a mi modo de ver se están cometiendo de manera flagrante, uno sería el hecho punible contra la libertad de las personas que supone la coacción. Y la otra conducta que muy evidentemente también se está perpetrando es el hecho punible de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”, explicó.