En sus alegatos iniciales, el fiscal Luis Said sostuvo su acusación contra Mario Alfredo Vega Mereles, extitular del Indert, por Lesión de confianza en grado de autor, referente a la firma del convenio con la Fundación Cerro Lambaré, también carácter de autor de cohecho pasivo agravado, por otra conducta es cobro indebido de honorarios como autor; lesión de confianza referente al manejo de fondos fijos (caja chica) y finalmente la asociación criminal, en calidad de autor.

En tanto Diego Arnildo de los Ríos, exdirector General de Administración y Finanzas de Indert, por el convenio con Fucela, por Lesión de confianza en calidad de autor; cohecho pasivo agravado como autor y cómplice en cobro indebido de honorarios; respecto al manejo de fondos fijos, por lesión de confianza en calidad de autor y asociación criminal en grado de autoría. 

Luis Clerch Almada, exjefe de Gabinete, está acusado por Lesión de Confianza a raíz del  convenio con Fucela y por el mismo hecho respecto al manejo de fondos fijos, además de asociación criminal como autor. 

Finalmente Pedro Martin Benitez Almirón y Patricia Zulema Báez, representantes de Fucela, por soborno agravado en carácter de autores. 

En el marco de esta causa ya fue condenado anteriormente el exdirector General de Asesoría Jurídica del Indert, Aldo Eduardo León, en procedimiento abreviado. 

CONVENIO FUCELA – INDERT 

El fiscal expuso que el convenio con Fucela fue firmado bajo una administración anterior; en 2014 la Fundación solicita la la ejecución de proyectos para instalación de pozos de agua en asentamientos de Curuguaty y San Pedro, por un valor total de G 878.427.479 que serían pagados a través de dos desembolsos a través de una cuenta habilitada a nombre de la fundación en el BNF, procediéndose en 2015 el primer pago de G 439.213.740.

En octubre de ese año Justo Cárdenas, presidente del Indert en ese entonces, solicitó la rendición de cuentas a Fucela sobre la ejecución del primer desembolso y tras la presentación de la misma, solicitó el segundo pago. Con dicha planilla de rendición, los responsables de la fundación presentaron una factura de G 395.292.367 emitida por la empresa Eclosión Consultora Constructora, cuyo titular es Pedro Benítez, también presidente del Fucela. 

Además se acompaña factura de una supuesta consultoría para estos proyectos, de la empresa FyF Asociados, por G 43.921.373.

El fiscal hace mención a la dependencia del Indert, Fondos de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), que cuenta con su asesoría jurídica y entre sus objetivos, figura el diseño y construcción de sistemas y provisión, seguimiento de ejecución y viabilidad. 

A partir de la rendición de cuentas de Fucela del primer pago, el director del Fides, Julio Richardi, reportó que la planilla no se ajustaba al decreto reglamentario vigente y a la ley de presupuesto de ese año, haciendo varias observaciones a la documentación. El 6 de octubre de 2015 Fides comunicó a Fucela que debía presentar las documentaciones requeridas y ordenadas en el decreto y la ley. 

Ignorando este requerimiento y sin cumplir con las documentaciones, entre 2016 y 2017 Fucela hizo varias solicitudes insistiendo con la transferencia del segundo desembolso. “En virtud del expediente administrativo por este caso, se han dado observaciones negativas a la pretensión de Fucela de acceder al segundo desembolso”, expresó Said. 

La Junta Asesora, el 28 de noviembre del 2017, resolvió por unanimidad solicitar una medida judicial de suspensión al segundo desembolso y remitir al Fides para realizar esas diligencias. 

Said refiere que obra un dictamen de la Directora de Asesoría Jurídica del Fides, que dice que el Indert planteó una denuncia penal el 22 de mayo del 2017, donde se cuestiona las actuaciones de Fucela sobre estos dos proyectos, por supuesta lesión de confianza y estafa contra el patrimonio de la Institución. Además recomendó la suspensión del segundo desembolso, esto cuando aún era presidente Justo Cárdenas. 

En julio del 2019 la Junta Asesora trató nuevamente otro pedido de Fucela sobre el segundo desembolso y por unanimidad se postergó el estudio a una próxima sesión. Posteriormente, ya bajo la presidencia de Mario Vega – quien asume en octubre de 2019 – este al igual que su antecesor no dio cumplimiento a lo dispuesto por la Junta Asesora, de remitir a Fides para el control y ejecución de los proyectos encomendados a Fucela.

 “En este momento el director de Asesoría Jurídica, ya condenado, Aldo Eduardo León entra en escena; aparece en el expediente de solicitud de urgimiento de desembolso de obras ejecutadas y pedido de reconsideración de Fucela, y emite este Asesor Jurídico un dictamen del 20 de diciembre de 2019, que expresa que si bien las obras no están en estado de plenitud de conclusiva, considera que debe hacerse un primer pago parcial de la obligación de G 300.000.000”, relató, pero el motivo de esta sugerencia ni lo que tuvo en cuenta para ello jamás se comprendió. 

Además agrega en ese dictamen que  se debe hacer una nueva reverificación y según el resultado, proceder a la cancelación de la deuda.

Para este fin, el Indert comisionó a funcionarios para revisar las obras “más bien mirar y llamativamente  fueron un licenciado, una abogada y un chofer, es decir nadie técnico en obras. Es así que a través de ese dictamen y con extrema celeridad, el 27 de diciembre del 2019, el presidente del Indert dicta la resolución 890 que autoriza la transferencia de fondos a Fucela, obviando el acusado Vega aquellas oposiciones”.

El 4 de febrero del 2020 fue designado director de Administración y Finanzas Diego Arnildo de los Ríos, y solo unos días después se ocupó de retomar los trámites para entregar el segundo desembolso a la fundación, en ese sentido solicitó informes del porqué no se hizo cumplimiento al desembolso autorizado en diciembre ya, de G 300.000.000.  

Entre las evidencias colectadas hay un memo del 10 de febrero firmado por directores de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, que fue derivado a la Dirección de Gabinete, cuyo director era Luis Clerch quien recibe y remite nuevamente a la Gerencia el 13 de ese mes para la prosecución de los trámites. Se seguían ignorando todo lo resuelto anteriormente sobre el segundo desembolso. 

Días después, el 13 de febrero, De los Ríos remite el expediente que pasó por las direcciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería; en este caso ignoró incluir en ese trámite administrativo a Jorge Fabian Yegros, jefe de Dpto. de Control y Seguimiento, debido a que este había observaciones sobre la falta de respaldo documental para el desembolso. 

Se generó finalmente la entrega del segundo desembolso de forma parcial por G 300 millones a los acusados Pedro Benítez y su esposa, representantes de la Fucela, ignorando todo lo que había advertido y las medidas cautelares de la administración anterior. “Llamativamente ese segundo desembolso, habiendo una cuenta habilitada a nombre de la fundación en el BNF, se realizó a través de la expedición de un cheque”, subrayó.  

Según la pericia realizada posteriormente, el proyecto del asentamiento Uber Duré, tenía valor estimativo G 258.379.161 y el del asentamiento Justo Villanueva, un estimativo de solo G 265.117.078, proyectos que debía encarar Fucela, por los cuales pidió la suma de G 878 millones de guaraníes; es decir el Indert terminó desembolsando G 739.213.740 con el segundo desembolso, y de acuerdo a la pericia, el daño patrimonial es G 215.727.501m pericia que también demuestra que la obra no se ha ejecutado. 

SOBORNO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO 

Esta porción de la historia deviene de la Resolución Nº 890 del 27 de diciembre de 2019, que autoriza el segundo desembolso de forma parcial. “Para hacer efectivo ese segundo desembolso, el acusado Mario Vega, sostenemos que solicitó a Pedro Benítez la suma de USD 20.000, planteamiento ante el cual este último aseguró que cumpliría la entrega de esa suma al percibir el segundo desembolso”, cuenta Said. 

Ya con la participación de Diego de los Ríos y habiéndose involucrado en el proceso de administrativo irregular para el segundo desembolso, se comunicó vía telefónica el 14 de febrero de 2020, a las 10:37 de la mañana con Pedro Benítez representante de FUCELA a quien le refirió que ya tenía parte del segundo desembolso, los 300 millones guaraníes y le manifestó que el presidente Mario Vega “esperaba que cumpla con él”, refiriéndose a los 20 mil dólares.

En esa conversación De los Ríos igualmente le solicitó para sí a Benítez la suma de USD 5.000 dólares diciéndole que todo dependía de su firma y la del presidente del Indert por lo que Benítez, si bien luego de buscar reducir esos montos o fraccionar la forma de entregarlos, aceptó hacer entrega de las sumas que le fueron requeridas por De los Ríos y Mario Vega, en total USD 25.000, siempre según la acusación. 

Ante esta aceptación dada vía telefónica, De los Ríos convocó a Benítez a su oficina para hacer la entrega del cheque “y nos preguntamos aquí por qué un cheque sí, la Fundación tenía una cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento tal como se hizo la primera transferencia a través de mecanismo para que cheque y efectivamente el cheque estaba confeccionado ya esa mañana”, cuestionó Said. 

La conversación telefónica en la que se pide a los responsables de Fucela a pasar a retirar su cheque fue a través del celular de Jessica Cabrera, funcionaria del dependiente directamente de De los Ríos, este último le solicitó a ella le prestara su celular para comunicarse con Benítez.

Cabrera tenía instalada una aplicación denominada Call Up en su teléfono, mucho tiempo antes, que graba conversaciones y se resguarda por un lapso determinado, entonces pudo escuchar la conversación está entre su jefe y Benítez y lo que hizo inmediatamente es hacer una copia de la de la conversación en su notebook de uso personal para su resguardo y puso en conocimiento a Lorena Báez, Tesorera del Indert, quien finalmente denunció a Fiscalía.

Del dispositivo celular la señora Cabrera efectivamente esta conversación ya se borró más accedemos al dispositivo notebook a partir del cual se pudo recuperar y copiar con autorización judicial mediante esta conversación, que solicitamos en su oportunidad la acusación su admisión.

COBRO ILEGAL DE GRATIFICACIOES Y BONIFICACIONES  

Mario Vega, en su carácter de Presidente, registró ingresos en concepto de salarios, gastos de representación, bonificación y gratificación, siendo este último concepto un ingreso que las leyes de presupuesto número 6.258/19 y número 6.469/20 no le autorizaban a percibir. A partir de octubre de 2019, cuando asumió la Presidencia y hasta abril de 2020, de acuerdo a la documentación, ha percibido en concepto de bonificación un total de G 70.328.896; ingreso irregular en concepto que era conocido por el acusado Diego de los Ríos, su director administrativo.

Recién al ser reportado por María Lorena Báez, el Director de Presupuesto, Gustavo Velázquez y el Director de Contabilidad, así como De los Ríos, se remitió una nota a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, donde consultan la reglamentación referente a las incompatibilidades sobre bonificaciones y gratificaciones.

Esta Dirección de Hacienda elevó un dictamen donde concluyen que no resulta factible el pago de bonificación alguna a la máxima autoridad institucional. En ese orden de cosas, ya con el dictamen notificado, el presidente Vega autorizó un nuevo pago de bonificación por la suma de G 574.887.600 a diferentes funcionarios, y en esa planilla figuraba el mismo Mario Vega, quien se autoasignó G 12.425.600. 

“Mario Vega ha percibido igual monto a finales de enero de 2020, y la suma total de salarios durante los meses de octubre a diciembre, G 60.866.667, en tanto que los meses de enero abril de 2020, G 88.000.000”, acotó el representante del Ministerio Público. De acuerdo al salario que él percibía le era vedada esa posibilidad de ser beneficiario de estas bonificaciones.

Por otro lado, los conceptos de gastos de representación durante los meses de octubre a diciembre, percibió G 7.888.000, también se determina de enero abril G 11. 404.000 y finalmente se concluye que la bonificación o gratificación percibida por Mario Vega entre octubre y diciembre de 2019, asciende a G 20.626.496 y de enero a abril de 2020,  G 49.702.400, lo que da un total de G 70.328.896, conducta en la que ha incurrido también su gerente Diego de los Ríos.

MANEJO DE FONDOS FIJOS (CAJA CHICA)

La última parte de la historia de la corrupta administración de Vega versa sobre la lesión de confianza por el manejo del fondo fijos o caja chica de la institución.

Según la acusación, durante la gestión de Vega desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 29 de mayo del 2020, se utilizó de la siguiente manera: entre 2018 y 2019 el Indert ha adjudicado a distintas empresas prestadoras de servicios personales, provisión de bienes y otros, formalizando o contratos plurianuales entre los que se encuentran distintos proveedores como mantenimiento y reparación de aire acondicionado, contratación de servicio de encuadernación, publicidad, propaganda, servicios gastronómicos y durante la vigencia de estos contratos a los que se podía recurrir para la prestación de estos servicios, se hicieron pagos por G 28.642.027 guaraníes a pesar de estar vigente estos contratos con estos prestadores de servicios. 

En el caso particular de servicio supuestamente proveído en referencia en reparación de vehículos, no se precisaban formularios de autorización para adquisición de bienes, cuáles eran sus vehículos reparados, mantenidos, número de matrículas, responsable del vehículo, etcétera; esta desprolijidad en estos manejos también llevan a sostener la teoría del Ministerio Público de la causación del daño en este rubro de manejo de fondos fijos; se ha verificado que en varias ocasiones se han realizado pagos por bienes y servicios de fondos fijos superando el monto máximo diario de 20 jornales diarios.

Se ha determinado adjudicaciones vigentes para la adquisición de bienes y servicios a lo que se podía recurrir habiendo disponibilidad, en este caso los acusados Vega, De los ríos y Clerch, como también el exasesor jurídico Aldo León, han hecho uso de estos recursos de fondo fijo afectando de manera a este patrimonio del Indert. 

A partir del 11 de mayo de 2020 con la pandemia, se dieron las suspensiones de las tareas propias de distintas instituciones públicas y privadas, entre ellos el Indert, sin embargo se encontró la documentación contable de estos administradores, facturas, operaciones comerciales realizadas en ese lapso en el que todo el país estaba encerrado; se encontró uso de viáticos con documentación de justificativas de algunos funcionarios que supuestamente concurrieron o viajaron a distritos de la región Occidental Chaco paraguayo, no justificada legalmente.

Se tiene que Mario Alfredo Vega ha realizado pagos con adjudicación vigente y saldo disponible por G 28.642.027; pagos realizados durante la cuarentena, por G 19.911.632. 

“Hay un ítems de la pericia contable que habla de pagos que no cuenta con evidencia de recepción en la institución, no existe el bien y G 14.7853.544, esto hace al señor Mario Alfredo Vega”, complementó Said.  

Respecto a Clerch, hizo pago con adjudicaciones vigentes por G 9.916.1950, pago realizado en cuarentena, G 11.245.810 y pagos que no cuentan con evidencia y recepciones, G 43.834.300.

Entre estos gastos supuestos que se realizaron durante pandemia se encontraban, por ejemplo, facturas de alimentos de bocaditos y dice uno de los conceptos, por ejemplo con su misión para 100 personas, evidentemente en cuarentena total no se podía reunir esa cantidad de gente, resaltó Said.  

Diego de los Ríos, con adjudicaciones vigentes y produjo un daño de G 7.654.000 y pagos sin evidencia documental de recepción G 76.450.103.

Existe un perjuicio total de daños al Indert G 147. 853.544 en su gestión entre octubre de 2019 y mayo de 2020. 

En cuanto a la Asociación Criminal, Said puntualiza que los acusados Mario Vega Diego de los Ríos, el ya condenado Aldo León y José Luis Clerch formaron una estructura delictiva que si bien la estructura ya está formada ellos fueron a asumir cargos determinados en la institución pública y a partir de esa estructura Mario Vega, presidente, reunió desde su inicio de su gestión a un grupo de personas de su entera confianza, entre ellos su Gerente de Administración y Finanzas Diego de los Ríos, comisionado vino de otra institución pública, su director jurídico Aldo León y el jefe Gabinete José Luis Clerch cumpliendo cada uno de estos una función específica y a través de estas funciones causaron estos daños atribuidos a los mismos, que hacen a la lesión de confianza y a la comisión de estos hechos contra la Administración Pública.