Pese a una condena por corrupción y su actual reclusión en el penal de Tacumbú, Miguel Ángel Robles Ibarra continúa siendo funcionario de la Cámara de Diputados. El juez instructor del sumario administrativo, José Ocampos Alonzo, resolvió suspenderlo sin goce de sueldo, pero rechazó su destitución, lo que permite que conserve su puesto como asesor.

Robles Ibarra fue señalado como el “cerebro” del esquema mediante el cual, junto al exgobernador Hugo Javier González Alegre, desviaron más de 5 mil millones de guaraníes durante la pandemia mediante obras fantasmas. Ambos están detenidos desde el 6 de enero, cuando fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú.

El sumario en Diputados se abrió ese mismo día. La abogada Sirley González Palau, representante acusadora, solicitó su destitución por “abandono de trabajo”, al constatarse 46 días de ausencias injustificadas en el año 2024. La falta fue considerada grave conforme a la Ley 2013/93.

Durante el proceso, Robles alegó que su condena aún no está firme, ya que presentó una apelación. También argumentó que no tiene antecedentes administrativos previos, argumento que el juez instructor aceptó para evitar una sanción más severa.

En su resolución del 7 de mayo, Ocampos Alonzo admitió parcialmente el pedido de la Cámara Baja, sancionando a Robles con una suspensión de 30 días, sin salario, pero sin cesarlo del cargo. La sentencia indicó que no se había cumplido con la intimación previa al funcionario, requisito según el magistrado para aplicar una destitución por abandono.

Lo llamativo es que el argumento de “no contar con antecedentes” se sostuvo sin tomar en cuenta la condena a 10 años que ya pesa sobre Robles. Tampoco se consideró que durante la gestión de Hugo Javier en la Gobernación de Central, Robles actuó como jefe de gabinete y asesor clave, y que cuando estalló el escándalo en 2021, su sumario administrativo desapareció sin dejar rastros.

La situación pone en tela de juicio los mecanismos de control dentro del Poder Legislativo. Robles cobró salarios hasta diciembre de 2023 por su cargo en Diputados, sumando incluso aguinaldo, y recién fue suspendido cuando ya estaba en prisión. Su declaración jurada de bienes de 2018 mostraba un único activo: un automóvil de G. 160 millones, sin terrenos ni cuentas. Sin embargo, en marzo de este año ofreció tres inmuebles como garantía al pedir arresto domiciliario.

Fuente: ABC Color