Los procedimientos estuvieron encabezados por los fiscales Luis Piñánez y Luis said, con el acompañamiento de personal de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

Los investigadores allanaron la vivienda de Juan Arrúa, esposo de la hermana de Miguel Cuevas, situada en el centro de la ciudad de Sapucái, y un establecimiento ganadero. Posteriormente, se constituyeron en una escribanía de Carapeguá.

El fiscal Luis Piñánez informó, en comunicación con Última Hora, que de la vivienda se pudieron recabar algunos documentos. Asimismo, indicó que el establecimiento allanado fue habilitado ante Senacsa a nombre del señor Juan Arrúa.

El Ministerio Público sospecha que el señor Arrúa tendría a su nombre ganados e inmuebles de Miguel Cuevas, siendo una persona que no se dedica a ese rubro.

"Nuestra labor es investigar los ingresos reales del señor Miguel Cuevas y estamos haciendo estas labores investigativas", explicó el fiscal.

Respecto al allanamiento en Carapeguá, indicó que fue en el despacho de la escribana Nilda Díaz, de quien sospechan habría formalizado algunas operaciones contractuales entre las personas investigadas.

El pasado mes de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación contra Nancy De Jesús Florentín de Cuevas, por la comisión del hecho punible contra el ejercicio de la función pública (cobro indebido de honorarios) en calidad de autora.

El allanamiento se produjo mientras el diputado oficialista Miguel Cuevas sigue en prisión domiciliaria. El político permaneció más de siete meses en la Agrupación Especializada, mientras que prosigue la investigación en su contra.

Cuevas se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a un importante crecimiento de su patrimonio mientras se desempeñaba en la función pública.

El caso

El concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres López, del Partido Democrático Progresista (PDP), presentó una denuncia contra Miguel Cuevas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, así como también contra su esposa, Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por cobro indebido de honorarios.

El uso indebido de combustibles, obras inexistentes, clonación de facturas, documentos falsos, entre otros hechos, fueron los elementos que argumentaron en el escrito del edil contra Cuevas durante su gestión en la Gobernación de Paraguarí.

Posteriormente, en marzo del 2019, el abogado Julio Godoy ratificó la denuncia contra el legislador por producción de documentos no auténticos. Supuestamente, Cuevas hizo figurar al denunciante en órdenes de trabajo en las que se detectó cerca de G. 1.200 millones en malversación de fondos.

El abogado citó que también se presentaron denuncias por perforación de pozos que nunca se hicieron, supuestas ayudas a comisiones vecinales, en las que firmas de los presidentes también -presuntamente- fueron falsificadas, así como la malversación de fondos en merienda escolar.