Como “gran triunfo en el combate al narcotráfico” las autoridades pretenden “vender” la incautación de una narcoavioneta boliviana cuando bajaba en una pista clandestina. En la aeronave se encontraban un peruano y un boliviano que fueron aprehendidos al encontrarse una carga de pasta base de cocaína. El procedimiento se hizo el domingo, a las 13:00, en la colonia Gleba 11, zona de Mbaracayú, norte de Alto Paraná.

Sin embargo, fuentes fidedignas que viven en la zona norte del departamento, aseguran que los vuelos de “narcoaviones” no son esporádicos, sino más bien registran una frecuencia muy similar a la de los “vuelos regulares” que se dan en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú o el aeropuerto de Foz de Yguazú. Con la diferencia que estos vuelos se registran de manera clandestina y en pistas situadas en lugares de difícil acceso.

De acuerdo con los datos, las narcoavionetas son todas procedentes de Bolivia y aterrizan en Alto Paraná, de donde la droga sigue su rumbo a territorio brasilero, por agua o tierra, ya que en Brasil existe un control mucho mayor sobre el espacio aéreo. Según los informantes, mínimo dos o tres aviones llevando cargas de cocaína entre 200 y 400 kilos llegan semanalmente a esta región de país, ante el nulo control de las autoridades.

Apenas cada 5 a 8 meses, se informa sobre aprehensiones de gran volumen, como ocurrió en agosto del 2021, en la zona de San Alberto, donde fueron detenidos 6 traficantes con una avioneta, que transportaba 300 kilos de cocaína. También con cierta frecuencia se registra la caída de aviones en nuestra región, desconociéndose su procedencia o carga. Estos aviones acaban incinerados y de su carga o pilotos, nada se sabe. Y la última modalidad es el robo de avionetas, que posteriormente son usadas por las bandas criminales para transportar la droga.

En síntesis, puede decirse que el “negocio” del narcotráfico sigue viento en popa, mientras la Policía Antinarcóticos y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) pretenden hacer creer “lo mucho que están trabajando” al incautar un narcoavión cada 6 a 7 meses, algo que no causa ningún daño a los narcos, quienes siguen operando con total “normalidad” y posiblemente pagando por “protección” a las autoridades policiales y de la Senad.