«Si va existir subsidio, el mismo debe ser mediante todos los emblemas que comercializan, por tanto, queremos igualdad de condiciones y el cese de privilegios para un determinado sector», indicó.

Sostuvo que antes de la implementación de esa ley, fue el Ejecutivo el que propuso crear un fondo, no es el sector privado. Ratificó que la ley 6.900/22 es atentatoria a la competencia, pone en riesgo puestos de trabajo y por tanto debe ser derogada.

Por su parte, Guillermo Parra, gerente de DICAPAR, manifestó que la mencionada ley, surgió de unas negociaciones bajo presión de parte de un sector de parlamentarios. «A la luz de los hechos quedó en evidencia que no logra alcanzar los objetivos propuestos, pues solo beneficia a tres de cada diez paraguayos. Si se va a forzar un precio artificial de combustibles, que sea para todos», aseveró.