Según una investigación reciente de InfoAmazonia, la asamblea legislativa del estado de Roraima, en el norte de Brasil, bajo la dirección del diputado Jalser Renier, le envió armas de fuego a los mineros de oro ilegales a lo largo del río Uraricoera.

Además, los investigadores tuvieron acceso a documentos policiales que supuestamente mostraban que Renier, junto con varios agentes militares, formó una “milicia” entre 2015 y 2020, la cual vendió armas a los mineros, secuestró y torturó a un periodista y malversó fondos públicos. Renier fue arrestado en octubre de 2021 por el presunto secuestro del periodista Romano dos Anjos y fue despojado de su condición de legislador estatal el 28 de febrero. El actual gobernador de Roraima, Antonio Denarium, incluso les dijo a los fiscales que Renier había amenazado con matarlo si no cancelaba la investigación.

El grupo mantuvo estrechas relaciones con la comunidad minera ilegal en Roraima, que ha sido culpada de graves daños ambientales, deforestación de la Amazonía y violentos enfrentamientos con las comunidades indígenas de la región. En 2019, un sargento del ejército asociado a la “milicia” fue arrestado en una carretera de Roraima por portar un arma de fuego ilegal, así como oro de origen desconocido. 

Renier tenía antecedentes como defensor de los mineros ilegales, por el mismo tiempo en que estos se vieron involucrados en repetidos enfrentamientos con las autoridades en los últimos años. En 2019, Renier prometió “resolver” el asunto de la minería ilegal en el estado, y a la vez solicitó a la comisión de derechos humanos de Brasil que liberara a los mineros arrestados. En enero de 2021, la asamblea legislativa de Roraima, de la que Renier era presidente en ese entonces, aprobó una ley que liberalizó el sector minero del estado, incluido el uso de mercurio. Después de las votaciones, Renier dijo que aquello se había hecho en “reconocimiento al trabajo que los mineros hacen por Roraima”.

Dicha ley provocó indignación entre las comunidades indígenas y fue anulada por la Corte Suprema de Brasil en septiembre de 2021.

A lo largo de 2021, los ataques de los mineros contra las comunidades indígenas de Roraima, especialmente los yanomami, se hicieron cada vez más agresivos, e incluso llegaron a dispararles y a incendiar sus casas. Al parecer, durante estos enfrentamientos murieron varios indígenas, entre ellos algunos niños.

Análisis de InSight Crime

En un momento en que la sofisticación y organización de las redes de minería ilegal en la Amazonía brasileña se hace cada vez más evidente, no es de extrañar que uno de los políticos más poderosos del norte de Brasil la haya respaldado.

Renier, como jefe de la asamblea estatal de Roraima, estaba en una posición ideal para coludirse con los mineros y entorpecer cualquier investigación que hubiera en torno a sus actividades.

Las alianzas políticas locales han apoyado los logros de los mineros en otras ocasiones. En diciembre de 2021, después de que las autoridades brasileñas destruyeran y sacaran cientos de dragas mineras del río Madeira en la Amazonía, funcionarios de cuatro municipios amazónicos fueron a Brasilia para discutir la mejor manera de legalizar y regular la minería de oro en sus comunidades. Un senador por el estado de Amazonas se refirió a los mineros como “buenas personas que se han visto obligadas a llevar a cabo una práctica ilegal porque no cuentan con el apoyo de la nación”.

En julio de 2021, una investigación de Repórter Brasil aportó más detalles acerca de cómo los mineros y sus socios comerciales y políticos esencialmente tenían acceso directo a los ministros del gobierno de Bolsonaro.

Una investigación de la BBC en enero de 2022 reveló hasta qué punto los mineros ilegales en territorio yanomami habían desarrollado una cadena de suministro logístico bastante compleja, que les proporcionaba acceso a aviones y combustible robado para sacar el oro de la región, así como armas, equipos de radio y conexiones de Internet satelital para alertarse mutuamente acerca de cualquier amenaza.

Los mineros ilegales han llegado a las tierras yanomami en avión mediante pistas clandestinas, en grandes embarcaciones a lo largo de las principales vías fluviales, o en embarcaciones pequeñas por sus afluentes, para asediar a las comunidades indígenas.

Las cifras hablan por sí solas. De 2019 a 2020, la deforestación en las tierras yanomami aumentó en un 516 por ciento con respecto a 2017 y 2018, pues se talaron 39.100 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Gran parte de esta deforestación estuvo vinculada a la expansión de la minería ilegal.

“Esto es definitivamente lo peor que les ha pasado a los pueblos indígenas desde que se firmó la Constitución en 1988”, dijo Glenn Shepard, antropólogo del Museo Emílio Goeldi en Belém, a la revista Nature.