En seguimiento a lo aconsejado por la Comisión de Legislación, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que modifica varios artículos de la ley 1.562/2000 del Ministerio Público, para la protección de los fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

La legislación dispone que ante una pesquisa en la que el agente corra riesgo o peligro de vida en su integridad física, solicitará su ingreso al programa de protección. Esto incluye mantener al tanto a la Fiscal General del Estado, sobre sus actividades oficiales y extraoficiales.

El objetivo de esta disposición es que el fiscal tenga seguridad tanto dentro como fuera del territorio nacional.

La propuesta legislativa se respalda en la Constitución Nacional, en sus artículos 12, 16 y 175, referente a hechos punibles vinculados con criminalidad organizada, casos de corrupción, abusos de poder o violaciones de derechos humanos.