El 15 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), había sido arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

La orden de arresto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) se produjo después de que Cienfuegos, apodado “El Padrino”, fuera acusado de tres cargos de conspiración para traficar drogas y un cargo de lavado de dinero, según una acusación presentada en agosto de 2019 en el Distrito Este de Nueva York.

Los cargos se derivan de acusaciones de que el general se coludió con el Cartel H-2 entre 2015 y 2017, según documentos judiciales. El Cartel H-2, que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, solía ser dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fue asesinado a tiros por los marines mexicanos a principios de 2017.

Los fiscales federales de Estados Unidos acusan al general Cienfuegos de utilizar su “posición pública para ayudar al Cartel H-2 a […] operar con impunidad” a cambio de sobornos, según una carta del 16 de octubre de los fiscales dirigida a la jueza del Distrito Este, Carol B. Amon.

Las pruebas aportadas incluyen “miles de comunicaciones [interceptadas] de Blackberry Messenger” que demuestran que Cienfuegos ayudó a que las operaciones militares no se dirigieran al grupo, sino que por el contrario se orientaran a atacar a organizaciones rivales, conseguir transporte marítimo para cargamentos de drogas, advertir al grupo sobre las investigaciones policiales de Estados Unidos y relacionar a los integrantes del grupo con otros funcionarios mexicanos corruptos, según afirman los fiscales.

La ayuda de Cienfuegos permitió que el Cartel H-2 operara sin “interferencia significativa del ejército mexicano”, lo que le permitió al grupo criminal ingresar “miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos”, como sostienen los fiscales en la carta.

Cienfuegos no es el primer funcionario mexicano acusado de conspirar con el Cartel H-2. El exfiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, fue arrestado en 2017 y sentenciado a 20 años de prisión por su papel en una conspiración de narcotráfico internacional con el grupo.

Si bien Cienfuegos es el miembro de más alto rango de las fuerzas armadas de México que enfrenta cargos de narcotráfico, es apenas uno de los más recientes funcionarios de seguridad de alto nivel en ser arrestado.

Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, fue acusado en 2019 de varios cargos de tráfico de cocaína. También se le acusó de aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa, junto con dos agentes de policía de alto rango, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García.