Fue luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares, realizada esta mañana ante la magistrada Sady Estela López Sanabria.

Las mencionadas agentes de la Policía habían sido imputadas por la presunta comisión del hecho de liberación de presos, previsto y penado por el artículo 294 del Código Penal que dispone una pena de 3 años de prisión.

Sin embargo, el cuerpo legal citado prevé como agravante por tratarse de personas obligadas a evitar la fuga, una pena de 7 años de cárcel.

La magistrada Sady López explicó que el arresto domiciliario fue aplicado en razón de que la defensa de las procesadas, suboficial inspector Juliana Josefina Ojeda y la sub oficial primero, Narcisa Bareiro Franco presentó documentos que acreditan que las mismas tienen hijos de corta edad.

 Indicó además que la defensa ofreció un inmueble y vehículos como fianza real. Las mismas siguen ligadas al proceso, dijo.

La fiscal Sandra Díaz, encargada de la investigación fue notificada sobre la realización de la audiencia, pero no se presentó ante el Juzgado. 

La supuesta fuga ocurrió en la tarde del 27 de octubre del patio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Desde esa fecha, nada se sabe con respecto al paradero de la condenada.

Las procesadas en principio manifestaron que la condenada fue rescatada por tres hombres armados y que no pudieron evitar la fuga.

 Empero, las cámaras de seguridad del nosocomio donde la condenada fue conducida para someterse a un diagnóstico médico, captaron que la fuga se dio sin la utilización de arma alguna y que apuntaban a una liberación.