El ministro Eugenio Jiménez Rolón, como superintendente de la circunscripción judicial de Central, había ordenado una auditoría de reacción inmediata en el juzgado a cargo de Salomón. Fue tras la detención e imputación del esposo de la magistrada, el abogado Farid González, quien pidió G. 30 millones y recibió G. 13.800.000 por la resolución de la jueza en un caso de violencia familiar.

En la sesión de la semana pasada, el pleno de la Corte ratificó la decisión y el martes pasado, los auditores ya se constituyeron en el juzgado de referencia en donde estuvieron hasta el viernes. Los funcionarios ya elevaron un informe preliminar al director de Auditoría, Rodolfo Heyn, con quien intentamos hablar la semana pasa por teléfono, pero alegó estar en una reunión.

Se espera que la Corte, como ocurre en casi todos los casos, oculte el resultado de la auditoría, considerando que el caso afecta gravemente la ya desacreditada imagen del Poder Judicial.