"Las cárceles privadas se benefician de los prisioneros federales y, de acuerdo con un informe de la inspección general del Departamento de Justicia, son menos seguras tanto para los reos como para los guardias" que los centros de detención estatales, dijo Rice en una conferencia de prensa.

Para ello, Biden ordenará a la cartera de Justicia que no se renueven los contratos con los operadores privados.

Se trata de la primera medida del nuevo presidente en materia de justicia penal, área en la que se comprometió a operar profundas reformas. En particular, prometió luchar contra las tasas récord de encarcelamiento en el país y contra el enorme número de integrantes de las minorías que encarcelados.

Pero la decisión tendrá un alcance limitado, pues solo 116.000 de los más de dos millones de presos estaban recluidos en establecimientos privados en 2019, 7% en prisiones estatales y 16% en federales, según el Departamento de Justicia.

Los centros de reclusión privados surgieron en los años 80 en Estados Unidos, cuando el número de reos comenzó a aumentar exponencialmente debido, fundamentalmente, a un recrudecimiento de la lucha contra las drogas.

Al terminar su gestión, el demócrata Barack Obama decidió acabar con las prisiones privadas, tras un reporte que reveló que en ellas se registraba un mayor nivel de violencia.

El presidente Donald Trump revirtió la decisión, incluso los operadores privados aumentaron con la gestión de los centros de detención de inmigrantes.

La medida de este martes no incluye a estos establecimientos, precisó Rice.

FUENTE: Con información de AFP