Así lo resolvió el juez 10º de Instrucción Penal Cautelar, Armando Zeballos, y en la misma sesión se determinará también la situación de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

La audiencia debería haberse realizado el lunes, pero se suspendió por cuestiones como falta de notificación.

Había sido convocada porque el plazo de la detención preventiva de Añez y los exministros para este caso ya finalizó, informó el medio local Erbol.

Añez cumplió recientemente 11 meses en prisión preventiva, tras su detención en la madrugada del sábado 13 de marzo de 2021, en Beni.

La exmandataria de facto fue detenida inicialmente por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por el que le dieron siete meses de prisión preventiva.

En el segundo proceso, desdoblado del primero, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, se le aplicaron cuatro meses más.

Como el plazo de prisión preventiva pedido por la Fiscalía caducó el 13 de febrero, la defensa de Áñez señaló que prolongar su encierro es indebido.

La pasada semana la expresidenta de facto se declaró en huelga de hambre.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, destacó a través de Twitter que "Áñez no es una presa política, es una política presa”.

“La lucha contra los atentados a la democracia va de la mano de la lucha por los derechos humanos. La justicia de Bolivia ha dado un paso a favor de las víctimas y un paso clave para la no repetición”, posteó Abrão sobre la expresidenta de facto.

Además, apuntó que Bolivia tiene la oportunidad de ser referente internacional al responsabilizar a quienes atentaron contra la democracia en noviembre de 2019.

Abrão aseguró que Áñez “sabía muy bien” lo que hacía en 2019 y debe responder por sus actos.

La exmandataria de facto tiene previsto reunirse en el penal de Miraflores con el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia de Jueces y Abogados Diego García-Sayán, quien por pedido del Gobierno de Bolivia comenzó ayer una agenda de reuniones para conocer el estado de situación de la Justicia en el país, y se espera que el 22 de febrero presente su informe preliminar.

En el encuentro, la exmandataria tiene previsto hacerle entrega de un informe que contiene 17 "pruebas públicas" de la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia.

Según el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales, el relator prometió que su trabajo estará a margen de un “sesgo político e ideológico”.

El expresidente Evo Morales dijo en Twitter que para el relator de la ONU "será útil" también "conocer y recoger testimonios de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y torturas" durante la crisis de 2019 de las que responsabiliza a Áñez.

La visita de García-Sayán coincide con la reciente controversia en la justicia boliviana tras el sonado caso de la captura de un feminicida y asesino serial al que un juez dejó en libertad pese a tener sentencia de 30 años de cárcel, la pena máxima en Bolivia.

Esa investigación reveló que el magistrado, ahora bajo detención preventiva por el delito de prevaricato, también dio ese beneficio a otros condenados en supuesta complicidad con algunos funcionarios de su juzgado.

Ante esto, el Gobierno conformó la creación de una comisión que investigue los casos de feminicidios y principalmente aquellos en los que los sentenciados fueron liberados, lo que derivó en la captura de varios de ellos por parte de la Policía y se identificó a otros jueces que procedieron de la misma forma que el primero.