El acusado, un efectivo policial cuya identidad se mantiene en reserva para preservar los derechos de la víctima, había sido beneficiado por el Tribunal de Apelación con arresto domiciliario, revocando así la prisión preventiva que inicialmente fue decretada por el Juzgado Penal de Garantías a pedido de la Fiscalía. La resolución permitió que el imputado cumpliera su arresto en la propia Comisaría 1.ª de Caazapá, dependencia policial donde prestaba funciones, lo que encendió señales de alarma en cuanto al tratamiento judicial de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Tras conocerse su fuga, el Juzgado Penal de Garantías declaró su rebeldía y ordenó nuevamente su prisión preventiva, esta vez de forma inmediata, en la Agrupación Especializada, como había sido planteado originalmente por la Fiscalía. La causa gira en torno a hechos ocurridos entre los años 2016 y 2019, cuando la víctima, una niña de apenas 7 años, convivía con su madre, sus hermanos y el imputado, quien habría abusado sistemáticamente de ella en el hogar familiar.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para localizar al prófugo, garantizar la integridad de la niña y su núcleo familiar y proseguir con la investigación por el hecho punible de abuso sexual en niños, previsto en el art. 135 del Código Penal.

El caso reaviva el debate sobre la idoneidad de ciertas decisiones judiciales, en este caso, la decisión de la Cámara de Apelaciones de beneficiar al procesado con medidas menos gravosas. Además, expone la fragilidad del sistema de protección a la infancia, especialmente cuando los presuntos agresores gozan de privilegios derivados de su rol como agentes del orden.

Es importante la realización del control como una revisión urgente de los criterios de otorgamiento de medidas sustitutivas en casos de alta gravedad.