El 22 de julio, Estados Unidos denunció a Cartes por presunta “participación en corrupción significativa”. En un comunicado de prensa, el secretario de estado estadounidense Antony Blinken lanzó serias denuncias contra Cartes, como que “obstruyó una investigación internacional de gran envergadura sobre crimen transnacional” para protegerse a sí mismo y a un cómplice no especificado. Y según Blinken, Cartes tenía “participación documentada recientemente con organizaciones terroristas extranjeras”.

A Cartes, y a tres de sus hijos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña, se les ha vetado el visado estadounidense.

Este fue el segundo golpe contra Cartes en menos de una semana, y el primero lo golpearía más cerca de su país.

El 18 de julio, el presidente de Paraguay Mario Abdo firmó el Protocolo Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Tabaco después de que estuviera años paralizado en el país. En un pronunciamiento a través de Twitter, el presidente declaró que esto reafirmaba el compromiso de Paraguay con la lucha contra este “problema global para la salud pública”.

Sin embargo, la ratificación del protocolo no tardó en ser leída por analistas sobre Paraguay como una amenaza directa contra Cartes, acérrimo enemigo político de Abdo.

El expresidente es uno de los hombres más adinerados del país, y gran parte de su fortuna proviene del tabaco. Es el dueño de Tabacalera del Este, una colosal productora y exportadora de cigarrillos.

Pero la compañía ha enfrentado acusaciones continuadas que la responsabilizan de la extensa producción de cigarrillos de contrabando que se introducen a numerosos países latinoamericanos. Se encontró que cigarrillos, cuyo origen se determinó de Tabacalera del Este, fueron transportados y vendidos por reconocidas organizaciones criminales de Latinoamérica, como las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de Colombia, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil, y los Zetas y el Cartel de Sinaloa, de México.

No puede ser coincidencia que se tomen las dos medidas en la misma semana, según observó Arnaldo Giuzzio, exministro del interior de Paraguay (2021-2022), quien supervisó la investigación sobre lavado de dinero más reciente contra Cartes en Paraguay.

"Lo que hizo el Departamento de Estado estadounidense [...] no fue solo revocar las visas o prohibir el ingreso a estas personas […] fue un mensaje para nuestro país", le dijo a InSight Crime.

Cartes ha negado tajantemente cualquier señalamiento de actividad criminal. “Estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información […] que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan”, aseguró en una respuesta oficial al Departamento de Estado estadounidense, y añadió que las acusaciones eran “infundadas e injustas”.

Análisis de InSight Crime

Horacio Cartes ha eludido una serie de denuncias penales desde mucho antes de su participación en política. Y aunque las acciones de esta semana marcan la medida más directa contra Cartes hasta la fecha, él lleva años en el radar de Washington.

Cambista, dueño de bancos, pieza central en la industria tabacalera y magnate empresarial en general, Cartes ha tenido muchos vínculos cuestionables con lavadores de dinero y narcotraficantes.

Aunque se han documentado conexiones de Horacio Cartes con el crimen organizado desde antes de su llegada a la presidencia en 2013, ninguna de las investigaciones legales en su contra ha avanzado. Pero la decisión de Estados Unidos de vetar a Cartes por "corrupción significativa" y presuntos “nexos con grupos terroristas” podría aportar el escenario perfecto que necesita el gobierno de Mario Abdo para procesar a Cartes antes de las elecciones presidenciales de 2023.

Cartes es un veterano cambista que se convirtió en banquero, magnate empresarial y piedra angular de un imperio de cigarrillos de contrabando en la triple frontera. La cantidad de nexos cuestionables que tiene con lavadores de dinero en la región han sido documentados ampliamente durante años.

A finales de los 2000, Estados Unidos designó un banco de propiedad de Cartes, el Banco Amambay, como centro de lavado de dinero, e incluso un funcionario de la embajada estadounidense afirmó que el banco era responsable hasta del 80 por ciento del lavado de dinero en Paraguay, como se conoció por un cable del Departamento de Estado filtrado posteriormente por WikiLeaks.

En 2010, otro cable sostenía que Cartes dirigía una “empresa de lavado de dinero”, que blanqueó grandes cantidades de dólares estadounidenses producto de la “venta de narcóticos”.

InSight Crime también ha informado en diversas ocasiones sobre las dudosas conexiones de Cartes con Dario Messer, considerado uno de los mayores lavadores de dinero de la región. Requerido por la justicia en Brasil, Messer buscó refugio en Paraguay, que Cartes le brindó de buena gana. Se cree que ambos han dirigido una extensa operación de lavado de dinero. En 2019, la fiscalía general de Brasil tomó la medida extraordinaria de enviar a Paraguay una solicitud de extradición de Cartes, aunque posteriormente se retiró.

Ahí radica el problema. La influencia de Cartes sobre funcionarios de gobierno, la rama judicial y el Partido Colorado en el poder le hna permitido mantener una impunidad absoluta, como lo hizo notar Arnaldo Giuzzio, exministro del interior de Paraguay (2021-2022), quien coordinó la investigación más reciente sobre lavado de dinero contra Cartes en Paraguay. Recién esta semana, legisladores de la oposición acusaron a la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, de querer proteger a Cartes.

En una presentación de enero de 2022 para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Giuzzio declaró que había “fuertes sospechas” que vinculaban a Cartes con lavado de dinero y contrabando.

“Desde mi perspectiva, él [Cartes] no solo opera para él […] también para otras organizaciones que usan su red […] Las operaciones de Cartes son una especie de centro regional para operaciones de lavado de dinero”, señaló Giuzzio en entrevista con InSight Crime. El mismo Giuzzio fue retirado de su cargo como ministro del interior en febrero de 2022, por presuntos nexos con un conocido narcotraficante, aunque ha negado cualquier sindicación.

Aun así, Giuzzio acotó que al gobierno de Mario Abdo se le está agotando el tiempo para procesar a Cartes, con las elecciones presidenciales previstas para abril de 2023. Si ganara un candidato respaldado por Cartes, el expresidente quedaría cobijado por una nueva capa de impunidad.