El titular del gremio, Esteban Dos Santos, mencionó que se cuenta con un plazo establecido para efectuar una respuesta. “Para generar el rechazo de las facturas emitidas por la AGP tenemos 10 días. Eso, por un lado, lo estamos haciendo, porque hay una recomendación de que no se paguen y que sean rechazadas”, refirió.

Sostuvo que se aguarda la respuesta de una carta que debió ser emitida por la representación paraguaya para dejar sin efecto la resolución de cobro de la tarifa de US$ 1,47 por tonelada de registro neto.

Afirmó que una embarcación típica como un convoy granelero conformado por un remolcador de empuje y 20 barcazas del tipo Mississippi con capacidad de 32.000 toneladas debe pagar por tramo, tanto de bajada como subida, teniendo un costo de peaje que va entre US$ 40.000 y 50.000.

“Todo ese costo hasta hoy está siendo trasladado directamente al cliente, al embarcador que contrata el flete y en el caso del transporte de contenedores se aplica un valor por cada contenedor transportado y el valor se le traslada a la línea marítima”, comentó Dos Santos.

Insistió en que no existe contraprestación en el servicio en el tramo, no hubo un trabajo de dragado e incluso se dieron condiciones que mejoren la capacidad de transporte en relación a lo que naturalmente provee la capacidad del río. Sin embargo, contó que una vez que se emiten estos documentos es muy difícil lograr su disolución.

Acotó que también el Ministerio de Transporte de Argentina tiene mucha presión por parte de los sindicatos laborales marítimos y fluviales para que esto se implemente, pues existe la creencia de que poniendo trabas y aranceles adicionales a las embarcaciones de bandera paraguaya se devolverá la flota mercante a la argentina. “Esto no es así, cuantas más trabas un país pone a una actividad, más lejos está de fomentar el desarrollo”, puntualizó.