La instancia de Alzada compuesta por Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, expone que la resolución de Juez de Garantías se ajusta a los requisitos establecidos por el CPP, y que el recurrente pretendía revocar bajo el argumento de que su prisión infundada, arbitraria y violatoria la presunción de su inocencia. 

La Cámara ratificó lo resuelto en primera instancia detallando que el recurrente sostiene que ha ofrecido caución real suficiente para disipar el peligro de fuga y que el Juez de Garantías, no ha considerado esta circunstancia, “sin embargo en la resolución el Juez de Garantías fundamenta el peligro de fuga en lo dispuesto en el artículo 243 inciso 2 CPP y no en lo dispuesto en el artículo 243 inciso, 1° CPP, debe recordarse que el artículo 243 establece básicamente 4 parámetros o circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para poder afirmar el peligro de fuga y en consecuencia no puede ser tildada de arbitraria”

“En cuanto al peligro de obstrucción el artículo 242 del CPP, establece que para la aplicación de la prisión preventiva deben darse los siguientes presupuestos: elementos de sospecha que fundamenten la existencia de un hecho punible grave y peligro de fuga o peligro de obstrucción.”

“Se deduce que al ser una disyunción no requiere que se den conjuntamente ambas circunstancias, es decir, basta con el peligro de fuga o el peligro de obstrucción, pero no se requieren las dos circunstancias al mismo tiempo para fundamentar la prisión preventiva”.

Así también, el Tribunal considera que los hechos nuevos invocados por el apelante no se ajustan a los parámetros del artículo 242 del CPP. “La defensa ni siquiera ha planteado esto, al parecer cuando se refiere a hechos nuevos, lo que busca es que el Juez de Garantías y el Tribunal de Apelaciones valore medios de prueba que él considera que demuestran su no participación en los hechos punibles que le son atribuidos, sin embargo ni siquiera explica cómo este contrato estaría relacionado con algún presupuesto del tipo objetivo de los tipos legales”, fundamenta la Alzada. 

Antecedentes

La pareja de la fiscal Katia Uemura está sospechado de haber realizado transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, por instrucciones recibidas por parte de Luan Pavão, quien habría contactado con personas de nacionalidad paraguaya que contarían con la confianza de su padre Jarvis a quienes habría dado instrucciones y lineamientos para la venta de bienes muebles e inmuebles presumiblemente pertenecientes a la organización criminal.

El Observador