Después del mediodía, los centenares de labriegos levantaron ayer las carpas instaladas sobre la calle Yegros y retornaron a sus comunidades. La próxima semana continuará la reunión para dar seguimiento al acuerdo que establece la transferencia de unos USD 5 millones que están pendientes.

El dirigente Jorge Galeano advirtió que la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP) estarán vigilando el cumplimiento de la nueva promesa del Gobierno. El sector reclama que las transferencias por USD 15 millones contempladas en la Ley 6669 fueron destinadas casi en su totalidad a otras organizaciones, mientras que estas dos agrupaciones habían planteado al Ministerio de Agricultura y Ganadería el desembolso de USD 7 millones.

La viceministra de Agricultura, Bettina Aguilera, explicó que la próxima semana se estudiarán ocho proyectos productivos que habían ingresado a la institución y que no se habían aprobado. Comentó que hasta el momento se ejecutó el 43% del presupuesto para las transferencias.

Como mediadores participaron varios senadores. Sixto Pereira, del Frente Guasu, se refirió al acuerdo como un “plan de emergencia de urgencia” que aún no resuelve el fondo de los problemas que deben abordarse mediante políticas públicas.

Los campesinos realizaron su cuarta movilización desde que inició la pandemia. Llegaron el lunes por la noche, al día siguiente marcharon hasta el Ministerio de Obras Públicas, el miércoles se dirigieron a la Fiscalía General y ayer fueron hasta el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El acuerdo firmado retoma las negociaciones de hace casi un año, ya que también incluye el análisis de las deudas campesinas, la regulación de tierras, viviendas sociales y el cese de desalojos.

Bertoni acepta acuerdo, pero advierte sobre consecuencias

Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, “es un hecho consuetudinario que este grupo venga y pida transferencias”. Dijo que la Coordinadora Nacional Intersectorial llevó del Estado en los últimos años más de G. 40.000 millones, a los que se suman los recursos que exigieron esta semana.

El secretario de Estado defiende que la Ley 6669 no podía estar dirigida a las dos organizaciones movilizadas porque es una normativa que se extiende a nivel país. Asimismo admitió que este tipo de situaciones genera un conflicto con comités y asociaciones que reclaman el mismo derecho sin cerrar calles.

Sobre la depuración de la lista, Bertoni indicó que es difícil determinar qué grupos están agremiados a la CNI y ACIP, en tanto que no ve problemas con la disponibilidad presupuestaria, ya que aún no se ejecutó la mitad de lo que corresponde a transferencias, además todavía quedan los USD 10 millones restantes que establece la normativa para diferentes tipos de insumos y construcción de pozos artesianos, entre otros.