Como ejemplo de irregularidades, Paul Ojeda, director de Control de la CGR, citó que no se cumplieron con varios requisitos básicos, como, por ejemplo, que las firmas en cuestión no contaban con el certificado de registro sanitario al momento del llamado a licitación, así como en los datos relacionados al pliego de bases y condiciones, desvirtuándose también la condición de urgencia al pagarse un anticipo.

Aunque el informe apunta a los responsables de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), cuya titular, Lourdes Rivaldi, renunció el cargo; a la Dirección de General de Administración y Finanzas, cuyo titular, Alcides Velázquez, también renunció; al titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Pablo Lezcano, quien también dimitió; así como el comité de evaluación de ofertas; Ojeda reconoció que el documento no menciona al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien fue el que finalmente firmó los pedidos.

“Lo que vimos es que existe una delegación de funciones. En un procedimiento de contratación están identificadas las unidades que tienen a su cargo llevar adelante los trámites. En este caso, es la máxima autoridad de la institución es la que tendrá que ordenar la implementación de un sumario administrativo para identificar a los responsables”, afirmó.