El argumento es que si se inhibe uno solo de los miembros de un Tribunal, entenderán el pedido los restantes miembros del mismo, siempre que puedan constituir mayoría.

La magistrada Criscioni había invocado el art. 50, inciso 11 del Código Procesal Penal para apartarse del caso, alegando una relación de amistad manifiesta con dos abogados intervinientes: Mario Soriano Elizeche González y Guillermo José Duarte Cacavelos. Como sustento, adjuntó evidencia fotográfica que acreditaría la frecuencia del trato personal y familiar.

No obstante, dicha inhibición fue impugnada por el magistrado Arnulfo Arias Maldonado. En respuesta, los ministros de la Sala Penal evaluaron si correspondía que la propia Corte conociera el incidente o si debía remitirlo al tribunal correspondiente.

En su voto, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia argumentó que, al haberse inhibido solo una integrante del tribunal de apelación y dado que los demás miembros podrían constituir mayoría, debía ser ese mismo tribunal el que resolviera la cuestión. La ministra María Carolina Llanes Ocampos se adhirió a esa posición.

Por su parte, el ministro Luis María Benítez Riera sostuvo una postura disidente, considerando que la inhibición de Criscioni fue debidamente fundada y que debía rechazarse la impugnación, permitiendo así su apartamiento definitivo.

Finalmente, por mayoría, la Corte resolvió remitir el expediente al Tribunal de Apelación para que los miembros restantes se pronuncien sobre la validez o no de la inhibición planteada, en cumplimiento de los principios de economía procesal y respeto al procedimiento establecido.