Los abogados Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres plantearon recurso de apelación contra el fallo del 5 de noviembre pasado del juez Rodrigo Estigarribia, que decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez y de otros cinco ex directivos de ueno bank SA.
En el caso, Vázquez es tenido como el principal procesado dentro del marco de la investigación por supuesta lesión de confianza y otros delitos vinculados a operaciones financieras en la entidad bancaria en cuestión.
La defensa sostuvo que la resolución del juez tiene no está fundada y en forma arbitraria aplica la prisión preventiva. Dicen que omite ponderar que no concurren los presupuestos para la medida cautelar.
Sobre el peligro de fuga, la defensa dice que Vázquez se presentó en forma voluntaria ante las autoridades judiciales apenas supo del caso por los medios de comunicación.
De esta manera, demostró una conducta de pleno sometimiento a la justicia. Además, tiene el arraigo con su entorno familiar con un matrimonio de 12 años, tres hijos menores y su trayectoria profesional en el país.
Con relación al peligro de obstrucción de la pesquisa, dicen que los hechos corresponden a operaciones crediticias entre sociedades y que el banco está formalmente intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Así, explican que la documentación se halla bajo resguardo institucional. Asimismo, dicen que su domicilio ya fue allanado y se incautaron evidencias.
Al final, solicitan revocar la prisión preventiva y que se aplique el arresto domiciliario con la tobillera electrónica.
Ofrecen como fianza real sobre dos inmuebles ubicados en San Bernardino, propiedad del padre del encausado, valorados en G. 2.925.000.000.
Pedido de rechazo
Por su parte, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron el traslado del recurso de la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, donde piden que se ratifique la prisión preventiva.
En su contestación, dijeron que el peligro de fuga se está plenamente justificado por la posición que ocupaba Vázquez en la estructura societaria, las empresas receptoras de los fondos, la magnitud económica de las operaciones crediticias supuestamente irregulares a más de la declaración de ingresos mensuales de unos G. 170.000.000.
Sobre la garantía ofrecida, explican que no es idónea ni eficaz en la etapa actual procesal. Alegan que no se adjuntaron los certificados de condiciones de dominio de los inmuebles y otras documentaciones necesarias.
Aclaran que, al acreditarse el peligro de fuga, no se exige demostrar en forma simultánea la existencia de obstrucción a la investigación.
Al final, los fiscales requirieron que se rechazara el pedido y se ratifique la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez.
