En un plebiscito en octubre, los chilenos votaron ampliamente en favor de escribir una nueva carta magna que reemplace al texto actual que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, buscando consagrar una mayor igualdad en asuntos como atención médica, pensiones y educación.

La redacción del nuevo marco fue una de las demandas de la masiva ola de protestas sociales que sacudió a Chile durante varios meses desde octubre del año pasado.

En el referendo, la mayoría optó porque la Constitución fuera redactada por ciudadanos elegidos especialmente para ese propósito -compuesta de manera igualitaria por hombres y mujeres- pero la votación inicial no reservó puestos a los grupos indígenas.

La legislación aprobada el martes establece un número determinado de escaños para cada una de las principales comunidades indígenas de la nación sudamericana. Los Mapuche, el grupo más grande y conocido de Chile, recibirán siete de los asientos totales y el resto será para otros pueblos como los Aymara, Rapa Nui, Kawésqar y Chango, entre otros.

“Queremos agradecerle al Congreso (...) haber generado un tremendo hito histórico de reconocimiento a los pueblos indígenas y dar un paso más adelante en poder empezar a pagar la deuda histórica más grande que tenemos”, dijo a periodistas la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

La llamada Convención Constitucional de 155 ciudadanos será elegida en abril y tendrá hasta un año para acordar un proyecto de texto, con propuestas aprobadas por una mayoría de dos tercios. Los chilenos acudirán a un nuevo referendo para aprobar esa carta o decidir si mantienen la anterior.

Alrededor de 2,2 millones de personas, o el 13% de los 17 millones de chilenos encuestados en el censo de 2017 se identificaron como indígenas, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas.