Resulta lamentable la justicia en nuestro país; mientras violadores, feminicidas confesos y otros son liberados o beneficiados con medidas menos gravosas, personas que realmente ameritarían un trato preferencial son dejadas de lado y prácticamente “abandonadas para morir”. Es el caso del ciudadano D. C. F., recluido en la cárcel regional de CDE por una orden de captura que venía arrastrando desde el 2004, por supuesta coacción sexual. Sin embargo, según diagnóstico de la médica forense, Dra. Laura Amarilla, en su dictamen del 28 de noviembre, constató y confirmó que Fernández padece de un grave cuadro de tuberculosis pulmonar, con fiebre alta y tos con catarro, agravada por la situación de que padece de VIH – Sida, lo que empeora aún más su cuadro.
Por tal motivo y llevando en cuenta que el hombre ya estaría cerca de la muerte, su representante legal pidió, por una cuestión de piedad y humanitaria, su libertad; no obstante, la jueza penal de garantías Teresita Beatriz Cazal Sanabria se opuso rotundamente, otorgándole apenas arresto domiciliario, situación que prácticamente sentencia a la muerte al hombre, ya que no puede siquiera acudir a un hospital, en caso de urgencia, teniendo en cuenta que constantemente hay policías merodeando su domicilio y “pescando” para que si viola su medida de arresto domiciliario para extorsionar.
De acuerdo a los datos, el hombre está muy debilitado y no constituye una amenaza para nadie, más aún llevando en cuenta el informe médico corroborando tal situación, pero la jueza inhumana decidió ignorar todos los pedidos de los familiares y mantiene el arresto domiciliario para el afectado.

Copia del informe forense donde dice claramente que el reo padece de tuberculosis y VIH.
CUESTIONADA JUEZA
Las actuaciones de la magistrada Teresita Cazal son bastante cuestionadas. Unos años atrás, la misma fue acusada de liberar a peligrosos piratas del asfalto. La misma benefició con arresto domiciliario a cuatro presuntos peligrosos asaltantes, que habían sido detenidos con un arsenal de guerra. La Policía sindica a los procesados de pertenecer a una gavilla que perpetró varios asaltos tipo comando. Con este tipo de manejos, queda en evidencia que los jueces no tienen ningún problema en otorgar medidas menos gravosas o directamente beneficiando a las personas, siempre y cuando haya algo para “aceitar” el proceso, es decir, cobrar coimas o dádivas a cambio de resoluciones judiciales favorables.
Sin embargo, en un caso como el de D. F., persona sin recursos, la justicia se muestra “implacable e inflexible”, arriesgando inclusive la vida del hombre, quien si bien tiene una condena también se merece un trato humanitario y digno.



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