De acuerdo a las investigaciones, el Pastor participó de las actividades de tráfico de dinero de su clan familiar con el propósito de ingresar al ámbito político, en representación de la organización criminal, por medio de la figura religiosa, cuya existencia previamente fue causada por él.

Para dicho fin, el acusado escogió el Departamento de Canindeyú, específicamente la ciudad de Curuguaty, en la que se instaló, aproximadamente, en el año 2013, con la creación de su sede religiosa Centro de Convenciones Avivamiento, con el objeto de radicarse en zona, principalmente, para cumplir con los requisitos exigidos para acceder al cargo de Gobernador Departamental y, al mismo tiempo, reunir la mayor cantidad de simpatizantes de su centro, que al cabo serían utilizados como electores para lograr su cometido.

El clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, utilizó recursos obtenidos del tráfico internacional de cocaína para financiar campañas políticas y posicionar a aliados estratégicos en cargos públicos. El pastor José Insfrán, hermano del líder del clan, junto con otros familiares y colaboradores de confianza, canalizó estos fondos a través de la asociación religiosa Centro de Convenciones Avivamiento, creada con fines políticos y de lavado de activos.

A través de esta organización, ofrecían ayuda básica, como medicamentos e insumos esenciales, para ganar la simpatía de seguidores y luego orientar su apoyo electoral. Esta estrategia permitió al clan colocar a Magno Deleón como concejal de Curuguaty para el periodo 2021-2025 y mantener a Juan Carlos Ozorio bajo su influencia mientras este ejercía como diputado. Incluso, intentaron promover la candidatura de Ozorio al Senado y del propio pastor Insfrán a la Gobernación de Canindeyú. Sin embargo, los planes se vieron frustrados tras las investigaciones que culminaron con el Operativo A Ultranza Py.

SOBORNOS PARA OBTENER INFORMACIÓN JUDICIAL

El clan también corrompió a funcionarios públicos y judiciales para garantizar su impunidad. Pagaron sobornos a miembros de instituciones estatales, incluidos agentes de seguridad, para acceder a información privilegiada y evitar capturas.

Entre los implicados destaca Magno Deleón, quien además de concejal, ejerció como jefe de sección del Subprograma de Administración de Justicia en Canindeyú desde 2020. Anteriormente, había trabajado como dactilógrafo en el mismo departamento, lo que evidencia la inserción del clan en diversas esferas del sector público.

Este entramado de corrupción y control político ha sido desmantelado gracias a las investigaciones en curso, dejando al descubierto cómo el clan Insfrán manipuló instituciones públicas para sostener sus actividades ilícitas.

El Observador