A través de un comunicado, el gremio destaca que “los funcionarios públicos con título de abogado no pueden ejercer la profesión. Son inhábiles y como tales, no deben integrar el padrón para las futuras elecciones. Su incorporación, como en años anteriores, viola los arts. 254 y 262 de la Constitución.

Precisan que el Consejo de la Magistratura está compuesto por dos abogados de matrícula, nombrados por sus pares en elección directa “es decir, la Constitución otorga representación a los abogados habilitados para el ejercicio de la matrícula. En sentido contrario, impide al abogado no habilitado, no sólo la representación, sino la legitimidad activa o pasiva para participar en la elección”.

Agregan que la Constitución inhabilita también a los magistrados (art. 254), a los agentes fiscales del Ministerio Público (art. 270), al Defensor del Pueblo (art. 278) y al Contralor General de la República (art. 284). “Por lo tanto, los magistrados, los agentes fiscales, los defensores; todos funcionarios públicos con título de abogado-como los demás funcionarios citados-, deben ser excluidos del padrón”.

Hacen énfasis en que “el ejercicio de la profesión de abogado resulta incompatible con la calidad de funcionario público. Por tanto, no pueden integrar el padrón. Sus respectivas matrículas deben estar inhabilitadas por la Corte así lo requerimos. No pueden participar en las elecciones de representantes por el gremio de abogados matriculados en ejercicio activo de la profesión quienes, por su inhabilidad, no son nuestros pares momentáneamente”.

“La discusión de si magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios públicos en particular deben contar con representación ante el Consejo de la Magistratura, corresponde a una eventual reforma constitucional”, complementan. 

Alegan que si la Corte cambia de postura para las próximas elecciones de abogados, “implicaría un grave retroceso en el proceso de transparencia, legitimidad y por sobre todo de independencia del sistema de justicia; más aún, en tiempos en que los poderes políticos de turno intentan de manera indisimulada y por todos los medios inficionar a los órganos extra poder creados por la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial, como lo son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.