Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo indígena La Laguna, que se trasladaba como pasajera en una moto, fue abordada por hombres que abrieron fuego en su contra, según informó en un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en su cuenta de Facebook.

El hecho ocurrió en la vereda El Porvenir, en el sector La Laguna, del municipio Caldono. En el ataque, además, el comunero Avelino Ull, que conducía la motocicleta, resultó herido.

DENUNCIÓ LOS SEMBRADÍOS ILEGALES

El CRIC denunció que, en días pasados, la gobernadora había mostrado su rechazo al incremento de cultivos ilícitos en la zona, donde hay sembradíos de coca y de amapola, que son utilizados para la elaboración de droga.

En un video compartido por el Consejo, Peña Chocué afirma que con los sembradíos ilegales los pueblos indígenas se están “dejando llenar de la ambición de los recursos económicos”, por lo que se están replanteando “cómo cambiar esa forma de vida”.

En un el texto compartido en sus redes, el CRIC expresa que “rechaza los actos violentos que agreden las estructuras de gobierno propio” y denuncia “la falta de garantías para la vida y la paz”, por parte de la administración de Iván Duque, en el país.

LOS GRUPOS ARMADOS

Hace una semana, el frente Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había declarado como objetivo militar a las autoridades indígenas del mencionado municipio del Cauca.

En la zona también se encuentra la columna móvil Jaime Martínez, del desaparecido grupo guerrillero, y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En ese momento, el ministro de Defensa, Diego Molano, publicó en su cuenta Twitter que el Gobierno realizaba acciones para desarticular las disidencias de las FARC y que había incautado “abundante material de guerra” en Caldono.

1.166 ASESINADOS DESDE 2016

Con el homicidio de de Peña Chocué, el Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) contabiliza 52 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de año y 1.166 desde que se firmó el acuerdo de paz, en 2016.

Además de los líderes sociales, algunos integrantes de los pueblos indígenas ubicados en zonas rurales han tenido que abandonar sus viviendas de manera forzada ante el enfrentamiento por el control territorial entre la Fuerza Pública y los grupos armados y narcotraficantes.