El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace dos años, tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y crear instrumentos de protección a los defensores ambientales, entre los que están las comunidades indígenas.

Vista general hoy de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martín Campaya

Aunque ya es un logro el compromiso para garantizar estos derechos asumido por los 15 países de Latinoamérica y el Caribe que, hasta ahora, han ratificado este tratado, la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que terminó este viernes deja algo de sabor amargo para las comunidades indígenas.

Y es que en la conformación del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado -principal objetivo de esta cita en Argentina- ninguno de sus siete integrantes es indígena.

La reunión finalizó  con la elección de los siete primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado -Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá- y con un llamado de los países miembros a profundizar su “implementación”.

El documento final también celebró la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México y el anuncio de una contribución de Chile.

Exclusión

«Los líderes y lideresas indígenas son autoridades y necesitan que sus visiones y sus conocimientos sean integrados en este proceso», señaló a EFE Jackeline Borjas, miembro de Kambak, una organización indígena en defensa de la biodiversidad en los territorios amazónicos.

Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal, habla hoy durante la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martín Campaya

«El no poder en muchas ocasiones acceder a la información y, en ese ejercicio, el no tener el respaldo por parte del Estado es uno de los grandes desafíos que sufrimos», dijo a EFE Oscar Daza Gutiérrez, joven líder del pueblo Koreguaje y miembro de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.

Elaine Shajian Shawit, del pueblo Awajún y vicepresidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, en la Amazonía peruana, lo ha sufrido en carne propia: ha sido blanco de persecución policial y hostigamiento judicial por protestar ante los derrames petroleros, la contaminación minera y la tala indiscriminada.

«Cuando los pueblos indígenas salen a reclamar su justo derecho por la contaminación de sus territorios, lo único que pasa es que criminalizan a sus líderes. Fui denunciada por haber reclamado por un derrame de hidrocarburos en nuestro territorio», contó a EFE Elaine.

Según el más reciente informe de la asociación internacional Global Witness, presentado en septiembre pasado, 157 de los 200 asesinatos de defensores ambientales perpetrados en el mundo en 2021 se registraron en Latinoamérica, con México, Colombia y Brasil concentrando 113 muertes-, y en un 40 % de los casos las víctimas eran indígenas.

Junto al emblemático caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, entre los ataques más recientes resaltan la muerte de Breiner David Cucuñame, niño indígena colombiano que quería ser defensor medioambiental, y del activista indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips en Brasil, los tres en 2022.

«Eso es el costo de los pueblos indígenas defendiendo sus derechos», aseveró Elaine, una de los varios líderes que alzaron su voz en las sesiones plenarias en Buenos Aires para exigir ser tenidos verdaderamente en cuenta. EFE