Como causal de inhibición, la magistrada invocó lo contemplado en el artículo 50 inciso 13 del CPP, una, manifestando que su imparcialidad se ve afectada “por la serie de groseros e impertinentes insultos que vertió sobre ella, incluso en redes sociales, el abogado Guillermo Duarte, en representación de la querella adhesiva, dando un detalle de los dichos de este abogado”.

El magistrado Mirko Valinotti impugnó la inhibición al considerar que los motivos que fundan la causal de separación de su colega no son graves, y por tanto no procede la inhibición.

El camarista Jesús Manuel Riera votó por hacer lugar a la impugnación teniendo en cuenta que “ya existe jurisprudencia de larga data, de la Sala Penal, que impide a los magistrados inhibirse ante este tipo de situaciones. Incluso, en esta jurisprudencia, si el magistrado fue llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por un abogado, esta situación no habilita a la separación del mismo en casos posteriores”.

Agregó que si bien los magistrados en general, y los penales, en particular, están expuestos a insultos y agravios por el cumplimiento de sus funciones, “por ello siempre se ha dicho que los magistrados deben tener mayor temple para el ejercicio de sus funciones, ya que en este caso los insultos son vertidos a la función de la magistrada y a su honor y reputación como representante de la justicia”.

Al respecto, expuso que si la jueza Clara Ruíz Díaz, se considera lesionada en algún bien jurídico propio, “posee las acciones legales pertinentes, pero no puede ser aceptada su inhibición por los motivos que ella adujera, debiéndose hacer lugar a la impugnación planteada y confirmar la titularidad en la presente causa de la citada magistrada”, voto al cual se adhirieron los camaristas Arnulfo Arias yArnaldo Fleitas Ortiz.

Esta causa investiga a María Antonella Galli y a Ricardo Sasiain (miembro suplente del Consejo de la Magistratura), hija y yerno respectivamente de la denunciante, María Eugenia Acosta, por supuesta falsificación de firmas en la cual el fiscal Aldo Cantero solicitó la desestimación, a pesar de estar recusado.

“¿Por qué una jueza puede demorar un mes en resolver algo tan simple como esto? O que desestime si se anima o que imprima el trámite, pero no puede tener congelado un tema así; encima, estando en peligro la prescripción de los hechos, porque en octubre, si es que nosotros no logramos acto interruptivo va a prescribir la conducta y están buscando eso, esta jueza se está prestando a la prescripción”, había expresado en septiembre pasado el Abg. Duarte Cacavelos.

El Observador