La Cámara de Diputados analizó durante la sesión de este miércoles el proyecto de ley por el cual se establecen las causales de sanción para las empresas que tienen licencia de explotar el transporte público y no cumplan con los servicios concesionados. El texto fue sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.

La propuesta de normativa establece la posibilidad de cancelar la licencia de explotación a las empresas de transporte público metropolitano que realicen reguladas en sus itinerarios o no cumplan con el servicio.

Asimismo, se dispone que las firmas cuyas licencias sean canceladas no podrán participar durante un periodo de 10 años de futuras adjudicaciones de itinerarios. Además, se estipulan sanciones penales para los empresarios.

El texto también establece como causales de sanción el hecho de que la empresa deje “unilateralmente” de prestar el servicio acordado en concesión y no regularice su servicio en las 24 horas de recibir una intimación de los organismos de control.

Asimismo, se señala que la empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad física, cuanto menos para un 50% de su flota, no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado.

El documento que tuvo origen en la Cámara de Senadores sufrió cambios en la Cámara de Diputados, pero finalmente quedó ratificada la versión de la Cámara Alta.

En su versión, los diputados habían establecido diferentes tipos de faltas y sanciones pecuniarias ante las infracciones. Además, eliminaron las sanciones penales.

Este proyecto de ley fue impulsado en medio de las quejas de usuarios del transporte público por la realización de reguladas por parte de varias firmas prestadoras del servicio, ocasionando largas esperas en las paradas y aglomeraciones en plena pandemia.