Armindo Torres, declaró a El Observador, que están mirando las declaraciones juradas de los operadores de justicia que figura en la lista enviada por el Consejo de la Magistratura. Dijo que en los documentos se tiene que ver, por ejemplo, donde trabajó el funcionario o su esposa, que también puede ser funcionaria pública, y, en consecuencia, sus declaraciones juradas también van a ser objeto de análisis.

Luego de realizar esta tarea saldrían los primeros oficios solicitando informes a las instituciones públicas y privadas sobre los operadores de justicia. “No es un trabajo fácil, pero la que tenemos que hacer porque eso es lo conversador entre el contralor (Camilo Benítez) y el presidente del Consejo (Oscar Paciello”, expresó Torres nuestro medio.

El estudio de correspondencia de bienes de jueces, fiscales, camaristas, defensores públicos y síndicos de quiebras, se impulsa a propuesta del ministro Gustavo Santander, quien en los primeros días de abril se había reunido con el contralor general de la República. El alto magistrado prometió durante sus entrevistas públicas que el análisis de los ingresos y egresos de los magistrados es una forma de combatir la corrupción interna en el desacreditado Poder Judicial.