La fiscala adjunta Patricia Rivarola había ratificado el pedido de sobreseimiento definitivo de los acusados por el hecho punible de lesión de confianza, que pidió la fiscala Stella Marys Cano.
El dictamen de Rivarola fue impugnado por el abogado Jorge Vasconsellos, en representación de la querella. Sin embargo, la juez Loera rechazó la pretensión y su decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación, en consecuencia, ahora convoca a la preliminar.
“De los elementos probatorios recabados de la etapa preparatoria no se puede llegar al grado de certeza positivo para afirmar el cumplimiento del elemento típico objetivo de perjuicio patrimonial”, señaló Rivarola, cuyo dictamen fue duramente criticado por jubilados bancarios.
Auditoría
Por otro lado, antes las sospechas con respecto a las actuaciones de los operadores de justicia, en donde el poder económico está detrás, la Corte había ordenado una auditoría de reacción inmediata a pedido del ministro Gustavo Santander. Sin, embargo, se desconoce si el trabajo de los auditores ya culminó o no.
Santander había solicitado que los autores expliquen ante el pleno el resultado del trabajo realizado.
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