Aldo Daniel Ozuna, director general de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay, el órgano encargado de proveer municiones a las fuerzas armadas de ese país, admitió que las balas destinadas al ejército han llegado a manos de organizaciones criminales.

El 14 de septiembre, Ozuna declaró al medio informativo paraguayo NYP Oficial que al menos cuatro unidades militares no especificadas están bajo investigación por la posible venta de municiones a personas ajenas a la institución.

“Estamos trabajando para detectar la fuga. Tenemos que entender que el crimen organizado ha permeado inclusive nuestras instituciones”, dijo a los periodistas.

El anuncio de Ozuna ocurrió después de que se encontrara munición de la Dimabel en dos hechos criminales distintos ocurridos en septiembre.

Más recientemente, el 8 de septiembre, varios sicarios descargaron 51 balas contra una residencia en Guaraní, sector de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según reveló el canal de noticias Telefuturo. Los casquillos de bala hallados en la escena tenían la estampa de la Dimabel.

Unos días antes, un soldado que trabajaba para la Dimabel fue capturado junto con un cómplice en el departamento del Chaco por tratar de vender municiones de la Dimabel mediante el servicio de mensajería de texto WhatsApp, como informó La Nación.

Según Ozuna, la Dimabel despacha municiones a unidades del ejército y las fuerzas de seguridad en todo el país, pero carece de mecanismos de trazabilidad suficientes para impedir que caigan en manos equivocadas. La institución envía cajas de municiones marcadas con códigos QR a unidades del ejército en todo Paraguay, pero las balas en sí no tienen una identificación única.

“Tenemos un solo código que va en el culote, que dice 'Dimabel'”, explicó Ozuna a los reporteros. Cuando los proyectiles se retiran de las cajas, es imposible rastrear adónde se enviaron o en qué armería fueron fabricadas.

En un esfuerzo por mejorar la trazabilidad del armamento militar del país, el 19 de septiembre Paraguay recibió una máquina de marcaje electromagnético por micropercusión, donada por el programa de Flujos Globales Ilícitos de la Unión Europea.

Análisis de InSight Crime

En la base de la incapacidad de la Dimabel para detener el tráfico de municiones están las deficiencias no solo en la trazabilidad de las municiones, sino también en la capacidad de la institución para resistir la corrupción.

La Dimabel tiene un reto que cumplir en su labor de proveer de municiones al ejército. Hace unos meses, Ozuna estimaba que el ejército paraguayo requería entre 4 y 5 millones de cartuchos al año. Lo que no está claro es qué porcentaje de esas municiones se desvía hacia el crimen organizado.

En octubre de 2021, la hija de Ronald Acevedo, exgobernador del departamento de Amambay, fue acribillada junto con otras tres personas en un asesinato selectivo en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un análisis de los casquillos de bala en la escena del crimen confirmó que procedían de la Dimabel. Ese mismo mes, en un operativo sorpresa en la misma ciudad, la policía descubrió cientos de rondas de munición de la Dimabel en la casa de seguridad de un sicario.

“El hecho de que haya habido participación de agentes de la Dimabel en esta [actividad] es otra muestra de la complicidad del gobierno”, señaló Carlos Aníbal Peris, experto en crimen organizado paraguayo, en entrevista con InSight Crime. Añadió que los bajos salarios y la falta absoluta de un sistema de contrainteligencia para hacer seguimiento a agentes corruptos son factores que contribuyen a la corrupción institucional en la Dimabel.

Sin embargo, Peris también recalcó que las fugas de la Dimabel hacia el crimen organizado no están creciendo. “No diría que esté aumentando. Es un negocio ilegal de personas desde adentro que siempre han estado involucradas en eso. Más bien diría que se mantiene”.