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2023-04-01 15:01:12 /
Corte abre sumario a actuario, pero no audita el caso “tapabocas de oro”
La Corte ordenó auditar el expediente en el cual fue blanqueado el actuario judicial, Vicente Ferreira (imputado por producción de documentos no auténticos), luego de que los Estados Unidos lo haya declarado “significativamente corrupto”, junto a Jorge Bogarín Alfonso. Sin embargo, los ministros hacen la vista gorda al chicaneado proceso conocido como “tapabocas de oro”, donde el principal acusado es el abogado Edgar Melgarejo, también sindicado “significativamente corrupto”. Los ministros deberían medir a todos con la misma vara y no retroceder o someterse a los poderes políticos y económicos. En el expediente del perjuicio a Dinac con la compra sobrefacturada de tapabocas, casi un año y medio se dilató la audiencia preliminar que está en desarrollo.

Ferreira fue sumariado y suspendido en sus funciones sin goce de sueldo y se ordenó auditar el proceso en el que él y otros acusados fueron sobreseídos por producción de documentos no auténticos.

Lo llamativo es que la Corte no ordenó auditar el expediente de “tapabocas de oro”, en donde desde octubre de 2021 se dilató la audiencia preliminar que se suspendió en ocho ocasiones, debido a los incidentes dilatorios presentados por las defensas.

Incluso, en una ocasión, la propia Corte pidió el expediente para trabar la preliminar del caso, en donde el principal acusado es Melgarejo Ginar, también declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos.

El martes pasado, en el noveno intento, comenzó la preliminar, en donde el fiscal Juan Ledesma sostuvo la acusación contra los involucrados y pidió que vayan a juicio oral y público.

Por su parte, las defensas de los acusados plantearon varios incidentes, considerando que buscan la extinción del caso. Alegan que el daño ya fue reparado, porque la empresa Global, la proveedora de los tapabocas devolvió el dinero en su totalidad. Incluso hay un dictamen de la Procuraduría que dice que el Estado ya no tiene nada que reclamar en la causa.

Por su parte, el Ministerio Público dice que el caso tiene que ir a juicio oral y que no va a prestar su acuerdo para la extinción. Los defensores insisten que no se necesita el acuerdo de la Fiscalía.




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