Los ministros César Diesel, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos rechazaron la excepción con la advertencia de que, además de improcedente, la defensa pretendía dejar sin efecto la acusación contra los mismos. El fondo del planteamiento habría sido anular la acusación con excusas inconsistentes en la causa penal.

Según acta de imputación presentada en su oportunidad, a la pareja sindicada de vaciar las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este, se le “olvido” declarar varios bienes muebles e inmuebles en territorio nacional e incluso en el Brasil, según los descubrimientos de investigadores de medios de comunicación. Departamentos con vista a una playa de Itapema y hasta una avioneta obviaron en su presentación ante la Contraloría General de la República. De ese modo y siempre con presentaciones que resultaron ser meras chicanas, la pareja eludió hasta hoy la audiencia preliminar.

Luego de encajonar la acción de los procesados por varios meses, la sala constitucional de la máxima instancia recordó y resolvió el pedido de la defensa técnica, ante tamaña intención de anular la causa y lavarse las manos con el argumento de que no podrían autoincriminarse. El decisorio de los ministros también destaca que los accionantes, con su presentación, pretendieron dejar sin efecto lo establecido en el artículo 243 del Código Penal, que castiga la declaración jurada falsa.

Luego de esta decisión, el juez penal de garantías Mirko Valinotti deberá convocar a los procesados para la audiencia preliminar, último paso de la etapa preparatoria luego de la que se define elevar o no la causa para su juzgamiento público. Este es el último proceso que se les sigue a los miembros del nefasto clan, dado que en diferentes casos de corrupción fueron blanqueados por jueces y fiscales involucrados en los expedientes.

En particular, según la acusación de la unidad fiscal especializada, Sandra McLeod no incluyó en su declaración jurada un crédito de G. 500 millones, producto de un préstamo en una entidad bancaria de plaza, en su presentación ante el organismo de control. La pareja que manejó a su manera la Municipalidad de Ciudad del Este por casi 20 años, podría ser juzgada en contradictorio público, atendiendo que no le quedan recursos por plantear.