El recurso había sido interpuesto contra el Auto Interlocutorio N.° 140 del 23 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, rechazó la recusación planteada por Marcelo Cabaña contra el juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios. El magistrado había sido cuestionado por supuesta parcialidad, motivo por el cual la audiencia preliminar anterior, la número doce, fue suspendida el 22 de mayo pasado.

La Sala integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, resolvió por unanimidad que el recurso no cumplía con los requisitos de admisibilidad. Argumentaron que la competencia de la Corte está limitada, conforme al artículo 39 inciso 3 del Código Procesal Penal, a conocer recusaciones únicamente contra miembros de tribunales de apelación, y no contra jueces de primera instancia, como en este caso.

El ministro Jiménez Rolón fue claro al señalar que permitir este tipo de impugnaciones podría dar lugar a un uso abusivo de los recursos judiciales, con el propósito de dilatar innecesariamente el proceso. “Los derechos procesales deben ejercerse con buena fe”, subrayó, advirtiendo que recurrencias reiteradas y sin fundamento podrían dar lugar incluso a sanciones por parte del juez interviniente.

En ese sentido, tanto Benítez Riera como Ramírez Candia coincidieron en que la figura de la recusación no puede ser utilizada como un mecanismo para elegir jueces a conveniencia ni como obstáculo procesal que impida el avance del juicio.

Además, la resolución de la Corte advierte que las partes deben litigar con buena fe y abstenerse de realizar planteamientos meramente dilatorios, recordando que el Código Procesal Penal, en sus artículos 112 y 114, faculta expresamente a los jueces a aplicar sanciones cuando se constate mala fe o temeridad en la conducta procesal. En ese sentido, el juez Miguel Palacios podrá recurrir a ese mecanismo legal en caso de que se insista con incidentes infundados que solo busquen entorpecer el avance del proceso, previa audiencia con la parte afectada. La advertencia funciona también como un llamado de atención para evitar el abuso del derecho a la defensa como estrategia dilatoria.

Con esta resolución, el juez Miguel Palacios queda ratificado como competente para seguir en la causa, y el Juzgado podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar. Será la decimotercera convocatoria desde que el Ministerio Público presentó la acusación en septiembre de 2019 y la ratificó en mayo de 2022.

En esa diligencia, el magistrado deberá decidir si eleva la causa a juicio oral y público, tal como lo solicitó la Fiscalía en relación a todos los acusados.

Los acusados en la causa Berilo

El expediente reúne a más de una veintena de procesados. Reinaldo “Cucho” Cabaña enfrenta cargos por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. En tanto, el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado fue acusado por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

Además de Cucho y su hermano Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, figuran también como acusados Yamil Cabaña Santacruz, Yisela Noemí Ramírez, Carlos Rubén Brítez Torres, Diego Miguel Medina Otazú, Gloria Rossana López Ramírez, Hugo Martín Ríos, Humberto Rodríguez González, Jorge de Jesús Ríos González, José Dolores Pinto Apostolaqui, Luis Ricardo Yegros Fariña, Óscar Adrián Monges, Sixto Ramón Arias Villalba y Alcides Villagra Giménez.

La Fiscalía también pidió juicio oral para Celso Diosnel Ortega Aguilera, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, Flora Lidia Ayala González, Gustavo Ramón Yegros, Juan José Alonso Meza, Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Nelson Darío Barrios Ávalos, Richard Antonio Sebriano Silvero, Selva María Chaparro Delgado, Víctor Manuel López Acuña, José Ramón Alarcón Paniagua y Carlos Alberto Aguilar Sánchez.