“Dialogamos sobre el apoyo interinstitucional para mejorar los procesos de transparencia y las rendiciones de cuentas, muy particularmente acerca de la propuesta que tiene la Corte de que los magistrados judiciales obtengan sus exámenes de correspondencia antes de confirmarlos en sus cargos”, había manifestado Camilo Benítez en declaraciones a la prensa tras la reunión con los ministros.

La iniciativa había sido impulsada por el nuevo ministro de la Corte, Gustavo Santander, quien en su audiencia pública cuando era candidato y en declaraciones los medios de comunicación, había señalado que si llegaba al cargo iba a trabajar para abrir la máxima instancia judicial al control del órgano designado para ello por la constitución; además del estudio de correspondencia de bienes de los magistrados.

El control de los bienes, no cayó bien entre jueces, camaristas, síndicos de quiebras y fiscales, quienes empezaron a ser lobby para que este mecanismo de lucha contra la corrupción interna del Poder Judicial, no pueda prosperar. Al parecer, lograron su objetivo, porque cuando se veía que todo estaba listo para firmar el convenio este se enfrió. La Corte, cajoneó el proyecto remitido por la Contraloría, y según nuestras fuentes, los ministros quieren espera un poco más para el acordar el acceso de la CGR a los Registros Públicos y del Automotor.

¿A que temen los jueces, fiscales, síndicos de quiebras, camaristas y defensores púbicos? ¿Qué quieren ocultar? Si no tienen nada que esconder, es inadmisible que no se sometan al control del órgano habilitado por la Constitución Nacional para ello.

La transparencia es clave para que el Poder Judicial pueda recuperar su credibilidad. Si los operadores de justicia no muestran o esconden lo que tienen o acumularon en el ejercicio de sus funciones, la ciudadanía seguirá no creyendo en ellos y todo lo que resuelvan será sospechoso.

121 magistrados

La Contraloría había solicitado informes sobre una lista de 121 operadores de justicias, cuyos mandatos vencieron y que buscan continuar en sus respectivos cargos. Esta nómina había sido remitida al órgano de control por el presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello, atendiendo la necesidad de transparentar las instituciones que guardan relación con el Poder Judicial.

Las respuestas a las solicitudes de informes son muy lentas, ya que los pedidos incluyen a Tributación, bancos, financieras, Registros Púbicos, del Automotor, Seprelad y otros.

Esperemos que la “nueva Corte” pueda abrirse a la transparencia y no encubrir a sus operadores como viene ocurriendo hace años.