En el fallo, sin derecho a apelación, se establece que el Silala es un curso de aguas internacionales.

El Silala es un río que nace en bofedales (humedales de altura) en el departamento boliviano de Potosí y en su trayecto recorre territorio fronterizo de Bolivia con Chile, pero el uso de sus aguas es motivo de una controversia que se arrastra desde 2016.

El caso llegó a la CIJ cuando Chile pidió a esa corte que declare al Silala formalmente como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio. A lo que Bolivia respondió en 2018 con una contrademanda ante la CIJ para pedir a la corte que le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos para reunir agua de manantiales, y exigió que Chile pague una indemnización por uso de esos recursos.

Demandas y contrademandas

Las últimas audiencias por el caso del Silala se realizaron en abril de este año, cuando las partes formularon sus alegatos y tuvieron oportunidad de interpelarse mutuamente. En esas audiencias, el agente (principal representante) de Bolivia ante la CIJ, el diplomático Roberto Calzadilla, pidió a la CIJ que declare la soberanía boliviana sobre el "flujo artificial" de las aguas del Silala en su territorio, y que "Chile no posee derechos adquiridos" sobre ese flujo de agua.

Por su parte, la agente de Chile, Ximena Fuentes, pidió a la CIJ que rechace los argumentos de Bolivia y alegó que la exposición boliviana carece de base legal al hacer una diferencia entre causes naturales y artificiales. Chile insiste en la validez del derecho consuetudinario (normas no escritas pero cuya aplicación se tornó habitual por su repetición en el tiempo) en el caso de las aguas del Silala, que considera un curso de agua internacional.

Fuentes también había pedido a la CIJ que exprese que Bolivia está obligada a tomar medidas para evitar la contaminación de las aguas, así como a cooperar y "notificar oportunamente a Chile" sobre medidas que puedan tener "un efecto adversos en recursos acuíferos compartidos".

jov/mn (efe, afp, elcomercio)