La denuncia había sido presentada por el abogado Agustín Saguier, en la acción de inconstitucionalidad, planteada por la firma Atlántico Importación Exportación SA contra el decreto por el que se reglamenta el Capítulo IV, de la Ley 1328/98 “De derechos autorales”; y el artículo 23 de la Resolución 1021, por la que se reglamenta el Decreto 6406.

Por su parte, el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, aclaró que el fallo nunca salió, por lo que mal podría haberse extraviado un acuerdo y sentencia. Es más, aseguró que en caso de extravío de una resolución, se podía bien pedir nuevamente a Estadística del Poder Judicial una copia.

El superintendente interino refirió que la denuncia ya fue asignada a un funcionario que realiza la investigación preliminar, que debe ser presentada en un plazo máximo de sesenta días.

Elizeche aclaró que a raíz de la suspensión de los plazos procesales, y la reducción de actividades judiciales que decretó la Corte por la pandemia, hubo poca actividad y personal para seguir con la pesquisa. No obstante, explicó que la denuncia está siendo investigada.

EL CASO. Según la denuncia, Saguier pidió intervenir, pero fue rechazado sin fundamento. Alegó que no tuvo acceso al expediente desde el 17 de setiembre de 2019. Incluso llegó con una escribana. Recién el 11 de noviembre pudo finalmente ver el expediente señalado.

Denuncia que el accionante tuvo un trato preferencial y que no se cumplieron los requisitos para admitirse la acción.

Sostiene en su denuncia que el 21 de agosto de 2019 se hizo lugar a la medida cautelar de suspensión de los efectos de las normativas atacadas.

Sin embargo, lo más grave –conforme alega– es que “sorprende que una acción resuelta por Acuerdo y Sentencia de la Sala Constitucional, firmada por todos sus ministros y su secretario, no se haya fechado y numerado, y que se la haya dejado en el limbo, a fin de que no entre en vigencia”.

Con su denuncia, adjuntó una copia de la parte resolutiva de la acción que indica, donde tienen las firmas del ministro César Garay, del secretario Julio Pavón, y dos más que no tienen sellos.

Conforme con el secretario de la Sala Constitucional, un fallo sin sellos, fecha, número y sello de estadística, no es válido.