La magistrada tiene a su haber varios escándalos judiciales. El más sonado caso fue el blanqueo a la administración municipal de los Zacarías-McLeod, denunciados por asquerosos robos a las arcas públicas, todos casualmente entendidos por la magistrada Garcete. El JEM no vio las desacertadas acciones, que finalmente terminaron en la intervención primero y la posterior destitución de Sandra McLeod al frente de la Comuna.

Cinthia Garcete, haciendo alarde de sus buenas “relaciones”, favoreció a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del buffet jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez. El JEM la liberó de esa denuncia, es decir, no encontró irregularidades en sus fallos, pero el mismo caso terminó por destituir al entonces presidente de la Circunscripción Judicial y a otro miembro de la misma sala penal. El ente contralor de los magistrados, nuevamente, la salvó y sobreseyó en esa causa, dándole total impunidad en retribución a favores políticos.

Gremios de comerciantes y empresarios de la zona denunciaron a la juez Garcete por beneficiar a policías procesados por secuestro y extorsión grave a extranjeros que visitaban el país. La acción ante el JEM fue emprendida por el entonces secretario de industria comercio de la Gobernación de Alto Paraná, Iván Airaldi, en denuncia escrita que también incluía a su colega Amílcar Marecos. Los dos fueron una vez más beneficiados por el organismo de control, pese a las evidencias obrantes en el expediente, cuya copia fue presentada sin éxito ante el órgano juzgador de magistrados.

Abogado Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura.

Existe una larga lista de causas en las que varios agraviados por las resoluciones de la juez Cinthia Garcete recurrieron ante el JEM con la esperanza de un ejemplar castigo, pero todos terminaron sin siquiera un apercibimiento. La misma además ostenta sin escrúpulos en sus redes sociales su poderío económico. Está en marcha una presentación contra la magistrada, promovida por familiares de una adolescente, víctima de feminicidio, cuyo autor está hoy con arresto domiciliario, gracias a la “benevolencia” de la juez que todavía este año pretendió su designación como camarista penal. Evidentemente, está protegida por todos los entes de poder que la sostiene, pese a su corrupción pública.