La presentación fue hecha por la abogada Magdalena Toledo, quien, siendo funcionaria judicial, había propiciado la huida internacional de los asaltantes de Prosegur en el barrio San Agustín, a bordo de una camioneta del Poder Judicial. Según los fundamentos de la presentación, Cubas Toledo es estudiante en la citada ciudad boliviana y que habría sido implicado en el caso investigado por el encargado de una granja que habría sido forzado por la Policía para involucrarlo en el megaasalto.

La magistrada consideró que el procesado cuenta con suficiente arraigo en Paraguay, pese a que la misma lo declaró rebelde ante la justicia y dio lugar a la eximición de la orden de detención y la orden de captura, apenas con la garantía real de un inmueble con la tasación correspondiente, propiedad de Sindulfo Toledo Arana y Ángela Ocampos de Toledo. El juzgado, con una prisa inusual, se abocó a analizar el planteamiento de la letrada, incluso desdiciéndose en parte de sus fundamentaciones, puesto que señala: la orden de captura no es una medida cautelar, si bien utiliza el mandato judicial de forma coercitiva a fin de que el procesado sea puesto a disposición del juzgado.

De hecho, la jueza Burró desconoció varias diligencias y decisorios realizados por su disposición jurisdiccional, presentando al sospechado dentro de las previsiones del artículo 83, última parte, del Código Procesal Penal “cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto la orden de captura”.

La letrada Magdalena Toledo habría utilizado a otra colega, exmagistrada, destituida del cargo con cercanía a la jueza Fátima Burró, para conseguir la llamativa disposición que levanta una orden de detención, aun cuando el procesado se encuentra en el exterior del país. Los agentes fiscales Vanesa Candia y Adolfo Santander, titulares de la acción penal,  anunciaron inmediata apelación por sentirse agraviados con el llamativo decisorio de la magistrada.