El 8 de julio, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a tres personas pedidas en extradición en Cali, ciudad capital del departamento colombiano del Valle del Cauca. Los detenidos, entre los cuales se encuentra la reconocida diseñadora caleña Nancy González, son señalados de enviar ilegalmente artículos de marroquinería elaborados con pieles de animales exóticos y en peligro de extinción a Estados Unidos.

Según el comunicado del ente acusador, "una Corte del Distrito Sur de La Florida los requiere para que respondan por cargos como: concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley; defraudar a Estados Unidos, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y anulando las funciones gubernamentales legítimas; y contrabandear mercancía a Estados Unidos".

La Fiscalía señaló que los extraditables contactaban a ciudadanos del Valle del Cauca y los convencían de viajar al país norteamericano para que llevaran los artículos. Además de pagarles US$600, los presuntos criminales les compraban los tiquetes aéreos. Asimismo, les indicaban que, ante cualquier pregunta de las autoridades, debían señalar que los productos en cuero eran obsequios para familiares o amigos.

Los accesorios no solo eran exhibidos en la Semana de la Moda de Nueva York, sino que también eran comercializados en lujosas tiendas de Seúl, Toronto, Londres, París, Milán y Venecia. De acuerdo con Asuntos Legales, los precios de las carteras de González en el extranjero oscilan entre los US$510 y más de US$10.000 para algunos modelos.

Los tres extraditables enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión, más una multa de medio millón de dólares, informó W Radio.

Análisis de InSight Crime

Nancy González y dos de sus trabajadores serían los primeros extraditables en América Latina vinculados al comercio ilegal de marroquinería, lo cual sentaría un precedente en la región, altamente atractiva para el tráfico de fauna silvestre.

Colombia es un paraíso para los traficantes de vida silvestre. En algunos de los puntos álgidos de la caza furtiva de animales, como los departamentos de Amazonas o Chocó, hay débil presencia del Estado y los decomisos que se hacen corresponden a una pequeña cantidad en comparación con el flujo total del tráfico. Las incautaciones también ocurren hacia el último extremo de la cadena de suministro, después de que muchos de los animales han muerto.

El país lucha por detener los delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre.

En septiembre de 2021, una investigación mostró la magnitud del tráfico de vida silvestre y cómo se extiende mucho más allá de gente como González.

La extracción de aves, reptiles, anfibios, felinos y primates es una práctica rutinaria para sofisticadas redes criminales. Desde la experimentación científica hasta el turismo, desde usos seudoterapéuticos a rituales religiosos, la vida silvestre en Colombia sufre un saqueo incesante. Sin importar el fin, el modus operandi es muchas veces similar: se contacta a miembros de las comunidades locales para rastrear y capturar ciertas especies específicas, según la demanda del cliente.

Las criaturas capturadas son sacrificadas, desolladas o les quitan sus colmillos y garras, según el uso esperado. Al final, vivos o muertos, se extraen los animales de la región, y muchas veces se "blanquean" mediante documentación legal diligenciada con datos erróneos, como descubrió InSight Crime.