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2021-08-28
De Sociales a Policiales: El drama de empresarios en frontera
Ser empresario en una zona turbulenta como Ciudad del Este y la Triple Frontera es una actividad sometida a sorpresivos cambios. Un día se puede ser la estrella de secciones de Sociales en los medios de comunicación, como al otro día aparecer en Policiales y Judiciales, acusado de pertenecer a alguna red internacional de tráfico o lavado de dinero.

Es lo que sucedió en estos días con la empresaria Liz Paola Doldán, propietaria y CEO de la firma Mobile Zone, como también ha ocurrido hace algunos meses con otros connotados empresarios del sector cárnico, de cigarrillos y de grandes tiendas, que acabaron involucrados por la Justicia brasileña en el proceso por lavado de dinero al cambista brasileño Darío Messer.

SHOW COMERCIAL. Liz Paola tenía 26 años de edad en 2012, cuando creó Mobile Zone International Import Export SRL, con un capital social de 1.000 millones de guaraníes, integrando también a sus padres, Edilson Doldán y Vilma González, como accionistas.

La firma creció rápidamente. La inauguración de su local en diciembre del 2017, en el quinto piso de la galería Jebai Center, fue todo un acontecimiento, por la gran cantidad de clientes, principalmente brasileños, atraídos por los ventajosos precios de productos electrónicos.

La activa empresaria impulsó importantes eventos, como organizar el primer torneo de gamers, ser patrocinadora oficial del World Trade Center en el Este, ser la primera tienda en aceptar criptomonedas o en presentar un modelo de hogar automatizado tecnológicamente con el sistema inteligente sonoff, propuestas elogiadas en importantes medios de comunicación.

LA OTRA CARA. La buena fama se vio ensombrecida cuando la Fiscalía inició en julio del 2019 la operación Llamada telefónica, allanando el local de Mobile Zone e imputando a 15 personas, incluyendo a Liz Paola y a sus padres, por la presunta importación ilegal de teléfonos celulares y artículos electrónicos, con una evasión estimada en 678.300.678 dólares.

El operativo estuvo liderado por el entonces fiscal René Fernández (actual ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Senac) y según versiones contó con el asesoramiento de la Agencia Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

La acusación fiscal tiene los mismos datos que el Departamento del Tesoro de EEUU sacó a luz en estos días: “La empresa Mobile Zone Internacional Import-Export SRL realiza compras de mercaderías a la firma Mz Electronics INC, ubicada en Miami, Estados Unidos. La representante legal y accionista de la firma paraguaya es Liz Paola Doldán González, quien también es presidenta de MZ Electronics INC., constatándose así que ambas firmas están vinculadas. Se presume que Mz Electronics INC. (EEUU) envía la mercadería con destino a Paraguay a nombre de las empresas Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, Figo SA, FG Trading SA y P&D Import SA; estas empresas serían ‘firmas de maletín’ pertenecientes a Mobile Zone, ya que existen entre todas ellas vinculaciones comerciales, de parientes y profesionales contables, los mismos serían los responsables de ingresar de manera irregular los productos a Paraguay y posteriormente facturarlos a nombre de Mobile Zone”, señalaba.

“Presuntamente, la firma Mobile Zone es la encargada de la venta de insumos a los comercios de Ciudad del Este y a consumidores finales, sean estos nacionales o extranjeros. Históricos de las operaciones indican que Estados Unidos enviaba teléfonos celulares a Paraguay, pero en la DNA se simulaba la importación de otros tipos de mercaderías de menor valor (impresoras y tóner), para así pagar menos impuestos”, indicaba el relato fiscal.

“El valor total de las mercaderías importadas de manera irregular por este esquema (presunto contrabando), asciende a USD 678.300.678 desde el 2014 hasta mayo de 2019, considerando que de acuerdo con los registros EEUU exportó consignando a las firmas del esquema por la suma de USD 887.436.064, mientras que en el sistema Sofía se registra como importación la suma de USD 209.135.386”, agregaba.

OPAREI. Tras muchas idas y vueltas judiciales, los involucrados quedaron en libertad. La propia Fiscalía acabó solicitando el sobreseimiento provisional. Al igual que en otro caso anterior, el del brasileño libanés Kassem Mohamad Hijazi, por megaevasión impositiva, iniciada en 2004 y también sobreseído en 2008, todo quedó en oparei. El propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por entonces fiscal adjunto, admite que “hubo blanqueo” de los acusados, por presunta corrupción de la Justicia.

La empresaria Doldán volvió a aparecer en las páginas de Sociales de los diarios, hasta que esta semana, sorpresivamente, su foto se trasladó de nuevo a la sección Policiales, por indicaciones del Tío Sam. En Ciudad del Este comentan que el viejo esquema de hacer pasar los teléfonos celulares por cartuchos de tóner para impresoras sigue plenamente vigente. Ni el FBI ni el Gafilat pueden contra la corrupción en el Paraguay.




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