“El Ministerio Público solicitó una nueva medida cautelar para que la señora Patricia Corvalán no se acerque a la sede municipal, pero esa solicitud carece de sustento legal y no guarda relación con los fines del proceso penal, que son evitar el peligro de fuga u obstrucción”, afirmó Martínez tras la suspensión de la audiencia por una descompensación de una de las acusadas.

El abogado sostuvo que “no se justifica en absoluto” la medida propuesta, ya que durante el año y medio que lleva el proceso, no se presentó ningún hecho concreto que sustente un posible conflicto de intereses o riesgo procesal por parte de Corvalán.

En ese sentido, advirtió que, de ser aceptada, la medida representaría una “destitución de facto” de su clienta, lo cual, aseguró, no es el camino correcto. “Si existiera alguna preocupación real sobre incompatibilidades o conflictos institucionales, existen mecanismos constitucionales para apartar a un intendente, no una medida cautelar impuesta por vía judicial”, remarcó.

Respecto a la acusación fiscal, que señala un presunto desvío de fondos municipales para inversiones en bienes raíces y administración en provecho propio, Martínez indicó que la defensa aún no ha presentado su contestación y que lo hará en las próximas sesiones, previstas hasta el próximo martes.